Tras las reducciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a los monumentos nacionales de Bears Ears y Grand-Stair Escalante, 9 organizaciones civiles entre ellas el “Consejo de la Defensa de Recursos Naturales” (NRDC), “Alianza por la Vida Silvestre del Sur de Utah” y “Earthjustice”, presentaron una demanda formal en contra del presidente Donald Trump y de los funcionarios Ryan Zinke, Brian Steed, Sonny Perdue y Tony Tooke, bajo el argumento de que se ha excedido la autoridad limitada delegada a su oficina y se ha violado la Ley de Antigüedades de 1906, así como la separación de poderes establecida en la Constitución.
Respecto a la decisión de Trump de fragmentar estas áreas y cuya intención implícita es dar paso libre a la explotación de combustibles fósiles y minería, Rhea Suh, Presidenta del Consejo de Defensa de Recursos Naturales expresó que “su mandato no solamente es ilegal, sino también un serio agravio a todo estadounidense que valora la herencia natural de nuestro país”.
Detalló que ese paisaje con sus petroglifos, aldeas de piedra y resplandor natural, ha sido el hogar de pueblos indígenas por miles de años. “Estamos mirando hacia pelear en la corte para preservar por siempre estos tesoros históricos, naturales y culturales que están en custodia para las generaciones futuras”.
Las modificaciones mandatadas por Trump implica que esas zonas podrían quedar desprotegidas a no sólo la construcción de caminos que impactarían gravemente en el entorno ambiental, así como la realización de pastoreo, por la gran demanda que representa la producción de carne para consumo humano, una de las actividades que más contribuyen a la destrucción de hábitats siendo una de las causas del calentamiento global.
De acuerdo a una investigación realizada por la activista, Karen Janett Carranza Jiménez, indica que previo a la presentación de la demanda por estas organizaciones, el pasado 4 de diciembre, día en que se anunció la fragmentación y disminución a estas áreas protegidas, 3 de las 5 tribus que habitan la zona hicieron lo propio ante los juzgados, bajo la representación del Fondo de los Derechos de los Nativos Americanos (NARF por sus siglas en inglés).
Las naciones soberanas de nativos Hopi, Navajo, Pueblo de Zuni, Ute Indian y Ute Mountain Ute, fueron quienes en el periodo de Barack Obama pugnaron por la protección del Monumento Nacional de Bears Ears, para tratar de contrarrestar los saqueos de sitios arqueológicos, espirituales y culturales que en ellos se encuentran.
Ese 4 de diciembre, una de las declaraciones del presidente Trump respecto a la decisión que tomó en torno a Bears Ears y Grand-Stair Escalante fue que “algunas personas piensan que los recursos naturales de Utah deben estar controlados por algunos cuantos y distantes burócratas en Washington. ¿Y adivinen qué?, están mal”.
Por su parte, Natalie Landreth, miembro del cuerpo de abogados de NARF se pronunció en relación al tema y dijo que “la Administración de Trump no está diciendo la verdad. El monumento de Bears Ears, tal y como fue creado por el Presidente Obama, preservó la cacería, pesca, derechos de recolección y pastoreo, y protegió a estas increíbles tierras de los saqueos inmensurables y de desarrollos petroleros, de gas y minerales. Sin importar lo que haya dicho el presidente… su acción (de reducir Bears Ears) hace lo contrario, bajo sus propios términos, en 60 días las tierras estarán abiertas para entrar, localizar, seleccionar y vender bajo la disposición de las leyes relativas a los arrendamientos minerales y geotérmicos; así como localizar, entrar y patentar bajo las leyes de minería”.
Se detalla en la demanda que Trump busca la manera de beneficiar a los productores de energías fósiles, así como a toda industria que ofrece un desarrollo comercial a costa de la salud de ecosistemas y millones de estadounidenses, aminorando las aportaciones de los recursos naturales y de los beneficios ambientales y recreativos que éstos representan.
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