POR: PEPE CAMARA
Conscientes de la gravedad que representa para las mujeres el que cada día que pasa se recrudece la violencia en su contra, la Cámara de Diputados aprobó, poco antes de finalizar su período ordinario el pasado 15 de diciembre, reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El objetivo toral de la modificación, consiste en reglamentar que será la Secretaría de Gobernación, la proponente de los lineamientos que deberán contener los programas integrales de reinserción social para agresores, como medida preventiva sancionatoria de la violencia contras las féminas.
El dictamen se avaló con 382 votos, adiciona una fracción XV al artículo 42 de dicha norma y fue devuelto al Senado de la Republica para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
Menciona que la Segob es la dependencia gubernamental federal que preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Subraya que en la mayoría de los casos, el hombre es el generador de violencia en el ámbito familiar, en donde se encuentra que las personas más violentadas son aquellas que viven en un contexto de vulnerabilidad. “Pero tampoco se puede dejar de lado al hombre agresor, que muy probablemente ha tenido una historia de violencia desde pequeño y que lo ha llevado a seguir practicándola”.
La reinserción del individuo, resalta el dictamen, se puede lograr a través de políticas de trabajo, deporte y educación, por lo que los programas integrales de reinserción, deben llevar implícitos programas reeducativos.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, resaltó la importancia de la reforma para garantizar sus derechos a las mujeres y niñas en México.
Explicó que se busca garantizar que la Secretaría de Gobernación tenga las facultades de ley para emitir los diferentes lineamientos para la atención de los agresores y, en su caso, los programas de reeducación y reinserción social para quienes son agresores de mujeres a nivel nacional.
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