PEPE CAMARA
Las comisiones de Justicia de las cámaras de Diputados y Senadores, recibieron del Pleno de la Comisión Permanente, el informe ejecutivo de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, cuyo propósito es constituir un insumo útil para construir un sistema que permita responder a las demandas de la sociedad en la materia.
El documento, refiere que uno de los retos más importantes del modelo de procuración de justicia, es abordar cómo se dará el proceso de transformación institucional, con el paso de procuradurías hacia fiscalías con autonomía constitucional, evitando un mero cambio nominal y un tránsito automático de los endebles recursos humanos, materiales y financieros.
Considera fundamental un Plan de Transición que abarque todos los aspectos que garanticen un cambio seguro, continuo y eficaz, y evite generar la percepción de impunidad en el proceso.
La propuesta del Modelo plantea un esquema en el que, previa evaluación, la PGR traslade gradualmente sus recursos hacia la Fiscalía y paralelamente, liquide el rezago tanto del sistema tradicional como de los casos iniciados en el sistema acusatorio.
Deberán establecerse criterios y metodologías, dar prioridad a los casos de mayor impacto social y que involucren violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción.
Considera necesaria expedir una nueva Ley Orgánica con entrada en vigencia progresiva que contemple transitar mediante un modelo territorial o por órgano.
Adicionalmente, iniciar la especialización de la nueva Fiscalía General conforme a un nuevo marco constitucional de competencias y una facultad flexible de actuación, que exige la toma de decisiones en cuanto a la reforma sustantiva de la legislación penal y la introducción de un esquema sólido para planear y coordinar la política criminal nacional en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Justicia Penal.
La conversión a la nueva Fiscalía llevará varios años, “podría fijarse en un plazo de 8 años” y recomienda otorgar al Fiscal General amplias facultades para implementar dicho modelo.
La consulta fue organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), con el impulso de la PGR, se llevó a cabo entre mayo y agosto de 2017.
Comentarios Cerrados