El pasado miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como «pueblos libres de megaminería tóxica». Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) -organizaciones que encabezan el proceso de defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz- declararon que ésta decisión se ampara en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
«La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (…) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente» dijo Ascensión Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. «Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado.»
La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados «La Paila» (antes «Caballo Blanco») y «El Cobre», respectivamente.
«Desafortunadamente, México cuenta con muchas experiencias sobre el terrible daño ambiental y social que provocan los megaproyectos por tajo a cielo abierto» estableció Guillermo Rodríguez de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). «De no hacer nada, Veracruz corre el riesgo de presentar los daños permanentes asociados a la ambición desmedida de las mineras.»
Los representantes de la UVPLMT y PVUDV notificaron por medio de copias de sus Actas de Asamblea a la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nivel federal. En Veracruz, notificaron a la Secretaría de Medio Ambiente y al Gobierno del Estado.
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