POR: Rafael Cienfuegos Calderón
Por el retraso de 15 días en la entrega de los mil 160 pesos que tendrían que recibir cada dos meses del Programa Pensión Para Adultos Mayores a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los más de 5.5 millones de beneficiarios enfrentan problemas para cubrir oportunamente sus necesidades básicas de alimentación.
El problema de la no oportuna entrega de ese apoyo económico cada 60 días –el plazo se extiende a 75 días- se debe a las malas prácticas administrativas de la dependencia federal, que mediante programas como el de adultos mayores tiene la responsabilidad de combatir la pobreza de la población.
Para darle transparencia a la entrega de los recursos, el diputado Germán Ralis Cumplido (Movimiento Ciudadano) urgió a que la Sedesol modifique el periodo de entrega de bimestral a mensual, ya que 35 por ciento de los mayores de 60 años viven en situación de pobreza y nueve por ciento padece pobreza extrema, razones por las que la puntualidad es fundamental.
En un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados para su dictamen, el legislador argumentó que el retraso de 15 días complica las condiciones económicas de las personas de la tercera edad beneficiarias.
Este programa existe desde 2007, y sólo apoyaba a los adultos mayores de 70 años, quienes recibían 500 pesos mensuales. En 2013 se extendió la cobertura para incluir a las personas a partir de los 65 años y que reciban 580 pesos al mes, que son acumulados y entregados cada dos meses, en total, mil 160 pesos, con la finalidad de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de esta población.
A decir del diputado los 19 pesos que reciben cada día son insuficientes para adquirir los productos de la canasta básica por el alza mensual en los precios, y ya son cuatro años consecutivos que la pensión que reciben los adultos mayores no presenta ningún aumento, a pesar de la inflación acumulada de 2014 a la fecha.
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece la obligatoriedad del Estado de asegurarles el acceso a los satisfactores necesarios como alimento, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral, pero la mayoría tiene limitaciones en su alimentación y carece de servicios de salud.
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