La comunidad y organización rural ejidal e indígena de San Bernardino Milpillas Chico, en el estado de Durango –noroeste de México-, denunció que la Secretaría de Hacienda (SHCP) a través del Sistema de Administración Tributario (SAT), de forma ilegal les ha establecido un adeudo por más de 30 millones de pesos, bajo el argumento de que en una auditoria del año 2012, esta organización forestal no hizo que los ejidatarios que permiten el uso sustentable de bosques se den de alta y paguen impuestos del uso de sus bosques y tierra.
Bernabé Martínez, responsable de esta organización forestal, detalló que el SAT, tras dicha auditoria y recargos a la fecha actual es que el momento del adeudo se ha tazado en más de 40 millones de pesos.
Indicó que el aspecto principal es que el SAT argumenta que los pagos a los ejidatarios no se tienen facturas de dicho pago. “Estos 1,300 ejidatarios viven en la sierra, casi nunca conocen ni la ciudad, no tienen IFE, y menos están dados de alta en el SAT, se les paga con recibos y se toman fotografías y video de cuando se les entrega sus dineros, para así justificar. Pero el SAT nos ha dicho que quiere que estas personas se deben dar de alta y pagar impuestos”.
Explicó que esto es una irrealidad increíble de funcionarios de oficina que no se ponen a pensar o saben de la realidad del campo forestal y de estos ejidatarios que viven alejados de las grandes ciudades. Esta comunidad rural comenzó a hacer uso de sus bosques en los años 40s.
Esta región del estado, San Bernardino de Milpillas, tiene gran parte de su población en pobreza y de origen indígena de la etnia de los tepehuanos.
Se tienen en estos ejidos una extensión de 160 mil hectáreas, de los cuales 32 mil 442 hectáreas están bajo aprovechamiento forestal y que generan 82 mil metros cúbicos de madera. Con un plan de manejo forestal por 12 años y que comenzó su labor en el año 2017.
Recordó que las empresas forestales en todo el país padecen de esta situación, que los ejidatarios no estén dados de alta en el SAT; sino que son los grupos ejidales y sus empresas forestales las que se inscriben para pago de impuestos, pero que en Durango al ser las empresas que más empleo y trabajo industrial realizan fuera de la capital del Estado, son las que más llaman la atención y es ahí, donde el SAT busca auditar de forma constante para aumentar su recaudación.
Además de esta situación, dijo que el SAT igual bajo el argumento de que los nuevos requerimientos de la ley del IVA, indican que empresas tipo forestal o primario no deben sobrepasar el 90% de sus ganancias de venta de productos sin industrializar, lo cual, ha redundado en crecer las multas que les han aplicado.
Aceptó que si bien, si han sobrepasado dicho porcentaje, esta nueva ley les ha obligado a dividir la empresa forestal en varias sub-empresas para así salvar dicha nueva ley. En estos momentos ya cuentan con 5 aserraderos y una fábrica de muebles de madera.
El grupo de ejidatarios que representan a esta empresa forestal de Las Palmillas, indicaron que esta situación que les atañe ya se encuentra en el juzgado estatal de Durango y que esperan que para mediados de este año se les dé una resolución definitiva para demostrar que se ha pagado los impuestos correspondientes del uso forestal, que no se han violado el uso sustentable del bosque, que se han realizado pagos a los ejidatarios y que el SAT está equivocado en su política de persecución fiscal.
Ya que si bien la empresa forestal factura casi 40 millones de pesos de forma anual, lo que pide el SAT es impagable, pues implicaría detener producción, endeudamiento y despido de personal.
Se estima que en el país se tienen poco más de 200 empresas forestales comunitarias que generan cerca del 50 por ciento de la madera nacional y manejan cerca de 8 millones de hectáreas forestales productivas de forma sostenible, incluyendo muchas de ellas certificaciones internacionales como el FSC. Las cuales, padecen de la misma realidad de que muchos ejidatarios no tienen altas en el SAT, lo cual, conlleva a pensar que este caso tiene un singular dejo de politización e intereses más allá de una auditoria hacendaria.
Comentarios Cerrados