POR: Rafael Cienfuegos Calderón
De la población que habita en las zonas rurales, 1.2 por ciento son mujeres y hombres jóvenes de 15 a 25 años de edad que enfrentan una realidad adversa ante el insuficiente acceso a una educación de calidad, la falta de empleo bien remunerado y la escasez de oportunidades de crecimiento profesional.
Esta situación provoca el paulatino abandono del campo, ya que los jóvenes migran a las zonas urbanas en busca de trabajo en sectores distintos al agropecuario y, en muchas ocasiones, al extranjero en búsqueda de las oportunidades que no tienen en México.
Una forma de frenar el abandono del campo y de atender las necesidades de los hijos de la población campesina mayor de 60 años (40.5 por ciento) y de quienes tienen entre 26 y 45 años (22.2 por ciento) de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria, es demostrarles que el sector agropecuario es atractivo y que es posible desarrollarse plenamente trabajando en las diversas actividades que ofrece el campo.
Lo anterior está incluido en el punto de acuerdo que presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, David Mercado Ruiz (PRI), -que fue aprobado- para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a intensificar las acciones y/o estrategias dirigidas a impulsar el relevo generacional en el sector agrícola.
La población joven del sector agrícola juega un papel elemental para mantener la agricultura familiar y contribuir a la erradicación de la pobreza. Representa un potencial productivo fundamental para el desarrollo económico y social en las comunidades agrarias y de la sociedad.
Por lo anterior se debe trabajar en el diseño e implementación de políticas agrarias, económicas y sociales que atiendan de forma específica las necesidades de la juventud rural.
El punto de acuerdo precisa que es fundamental reconocer el rol de las mujeres agricultoras, puesto que las jóvenes se enfrentan a mayores dificultades que los hombres en las zonas rurales y para reducir esta brecha de género, se debe atender la problemática a fin de garantizar su acceso a los servicios generados por las políticas de desarrollo rural.
Reconoce, además, la enorme relevancia que tiene el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero en el desarrollo económico, por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo, así como por su función de suministrador de productos alimenticios, de conservación del medio ambiente y por ser garante de la biodiversidad.
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