PEPE CAMARA
En México, poco más de 11 millones de hogares, 36.7 por ciento del total nacional, se encuentran en pobreza energética, que constituye un grave problema social que debe conducirnos a reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
El anterior pronunciamiento corresponde a la secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas del Partido Encuentro Social, al pronunciarse a favor de que sea el Ejecutivo Federal, responsable de determinar las tarifas fijas a usuarios cuyas condiciones son de marginalidad y pobreza.
Con esto se garantizaría el consumo básico de hogares que tan sólo en Guerrero, refleja que seis de cada 10 habitantes viven en condiciones de carencia extrema y cuatro de cada 10 tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, y el 71 por ciento de su población se encuentra en pobreza laboral, y cuatro de cada 10, en situación de hambre.
Ese panorama, expuso, es suficiente para considerar a la pobreza como un indicador esencial para determinar las tarifas eléctricas para estos sectores de la sociedad.
“Queremos un México iluminado, en el que la gente no tenga que colgarse de los postes de luz o “meter diablitos” a sus medidores, para poder tener este servicio. No queremos que los transformadores se sigan quemando por exceso de tomas de luz, en colonias con los mayores índices de marginación y pobreza”.
Cabrera Lagunas manifestó que la reforma, analizada por la Comisión de Energía, también busca que la Comisión Reguladora de Energía sea quien fije las cuotas mínimas y máximas; aplique metodologías considerando el gasto familiar en estas condiciones.
“Las tarifas deberán tener como objetivo el desarrollo del sector energético, evitar la discriminación y asegurar el servicio para usuarios domésticos en condiciones de marginación y pobreza, en términos de equidad, para satisfacer las necesidades básicas en sus viviendas”.
La energía eléctrica, añadió, es un servicio indispensable, en poblaciones urbanas o rurales. En la actualidad, poco más de 98 por ciento tiene este servicio; de éstas, 22 por ciento se encuentra en áreas rurales y 78 por ciento en urbanas; por lo que el mayor consumo se realiza en las ciudades, donde dicha energía es utilizada para actividades productivas y domésticas.
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