El gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, busca modificar el Reglamento de la Ley Estatal de Residuos, lo que permitiría quemar basura, con graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente, advirtieron miembros del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire en Morelos y de Greenpeace México.
Esta modificación al Reglamento, permitiría la aplicación de la Ley Estatal de Residuos en todos sus términos, incluyendo prácticas como la incineración, pirolisis, gasificación y coprocesamiento, que se aprobaron en dicha ley hace más de diez años, cuando la evidencia científica todavía no había demostrado los riesgos al medio ambiente y la salud humana que implican estas tecnologías, señaló Larisa de Orbe, del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire en Morelos.
Se trata de las llamadas “falsas soluciones” al problema de la basura, porque se basa en el concepto de “Waste to Energy” (basura por energía), modelo de negocios ya descontinuado en varios países y que se basa en obligar a los municipios a generar mayor cantidad de residuos sólidos para convertiros en energía, a través de contratos leoninos por décadas, sin tomar en cuenta los graves daños a la salud de las personas por respirar humos tóxicos.
Larisa de Orbe recordó que durante la administración de Graco Ramírez, se intentó impulsar un convenio con la empresa Cruz Azul para incinerar los residuos de Morelos en sus cementeras localizadas en Puebla, previo a un proceso que se realizaría en Cuautla, denominado CDR (Combustible Derivados de Residuos), en el que se mezclan los residuos domiciliarios con otros residuos potencialmente peligrosos para aumentar el poder calorífico y ser usado como combustible en los hornos cementeros.
Este proyecto no prosperó. Sin embargo, se mantiene la puerta abierta a estas falsas soluciones al problema de los residuos, porque quemarlos afectaría al aire, el agua y el suelo en la mayor parte del territorio estatal.
Para Ornela Garelli, Especialista en consumo responsable y cambio climático en Greenpeace México, “el gobierno del estado de Morelos y los diputados locales deben priorizar la salud del medio ambiente y de las personas prohibiendo en las legislaciones estatales la incineración como forma de gestión de residuos. Además, no se debe permitir que un nuevo reglamento a la Ley de Residuos del estado sea aprobado si éste favorece la implementación de proyectos de este tipo”.
La activista puntualizó que “es el momento adecuado para no sólo mejorar la gestión de los residuos a nivel estatal sino también para atender de una vez por todas los grandes problemas de contaminación por plásticos presentes en Morelos y en el país, esto aprobando un reglamento a la Ley de Residuos que capture el verdadero espíritu de las últimas modificaciones hechas en torno a la prohibición de los plásticos de un solo uso en el estado, es decir, buscando una verdadera reducción en la utilización de los mismos y no favoreciendo excepciones que perpetúan el empleo de este material tan dañino para el Planeta”.
De acuerdo con Héctor Zetina, también integrante del Observatorio Ciudadano, no se ha abordado seriamente el problema de la incineración tomando en consideración la protección a la salud por la mala calidad del aire, con políticas públicas claras, basadas en los últimos descubrimientos científicos y las recomendaciones de organismos de salud internacionales, aunado a que la mala gestión de los residuos puede agravar los síntomas del COVID-19.
El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos y Greenpeace México indicaron que la práctica de incineración de residuos va en contra de las acciones y políticas nacionales e internacionales contra el calentamiento global; por lo que es necesario eliminar de la Ley de Residuos estas falsas soluciones al problema de los residuos, que se alejan de una verdadera economía circular, e implementar prácticas sustentables.
Ambas organizaciones alertaron sobre la importancia de colocar la salud humana y ambiental en el primer plano de la política pública, evitando malas prácticas que afecten el bienestar de los habitantes de Morelos.
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