Ante el rezago habitacional en México, hacen urgente el contar con una estrategia nacional gubernamental como eje primordial, con políticas públicas integrales en materia de vivienda y desarrollo urbano que incluyan la participación social para abatir esta carencia, expresaron especialistas de la UNAM, durante el seminario Un Debate Sobre las Nuevas Estrategias de la Política Nacional de Vivienda.
Cabe mencionar que en el país hay nueve millones de casas que requieren mejoras, ampliación, renovación o sustitución. La construcción masiva se logra con la incorporación de más actores que atiendan la diversidad de situaciones en el contexto local, recomendó José María Gutiérrez, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
De acuerdo a un boletín de prensa de la UNAM, para atender las necesidades de las personas con más bajos recursos, las políticas deben enfocarse en las 60 ciudades del país con mayor población y en 400 municipios rurales y urbanos con pobreza extrema, precisó.
Por ello, se enfatizó es indispensable un organismo que formule políticas integrales y conjuntas en la materia para garantizar el acceso de familias de escasos ingresos a recursos para mejorar sus construcciones.
Al respecto, Marco Antonio León, de la Facultad de Economía, señaló la necesidad de establecer una corporación pública que administre la existencia de vivienda en el país para otorgar casas a los distintos segmentos de la población con una visión regional, territorial y urbana, con base en las características de movilidad laboral y el crecimiento económico.
La oferta de los desarrolladores está orientada a los núcleos urbanos, donde el valor de las construcciones y el suelo es más elevado, en tanto que quienes la requieren tienen cada vez menos posibilidades de vivir en ciudades por los precios altos y optan por situarse en las periferias, apuntó.
En su oportunidad, Clara Salazar, profesora investigadora de El Colegio de México, manifestó la necesidad de censar las casas desocupadas en el país para utilizarlas adecuadamente. De cinco millones, se desconoce cuántas pueden rentarse o venderse, si están intestadas o en juicio, su costo o si son adecuadas para el estrato social que las requiere.
Ante los altos costos de las casas, construidas por desarrolladores que sólo consideran las ganancias y no las necesidades de la población, el rezago de los estratos de menores recursos se resolverá con la intervención directa del estado, mediante distintos subsidios, expuso Eftychia Bournazou, profesora del Posgrado en Urbanismo de la UNAM.
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