Reducir la desigualdad económica en una sociedad es un objetivo al que aspiran muchos países en el mundo. Para conseguir semejante meta, un camino de facilitar ello es el acceso de sus jóvenes a la educación superior. Estudios de varios organismos internacionales, entre ellos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), confirman el potencial de esta ruta educativa.
Según el reporte Education At A Glance 2015, aplicado en países miembros de la OCDE, menos del 5% de los adultos con educación universitaria está desempleado; entre las personas con niveles educativos inferiores, la tasa de desocupación llega hasta el 13%, además que los ingresos de individuos con formación universitaria son 60% más altos que los que obtienen las personas que sólo acreditaron la preparatoria.
Con acceso a mejores salarios, los egresados de la educación superior pueden formar hogares con mejores opciones de salud, vivienda, servicios financieros y entretenimiento. Además, según la OCDE, la formación universitaria produce hombres y mujeres con buenos hábitos de salud, interesados en los programas de voluntariado y proclives a la confianza y la empatía.
En un país como México, donde más de 55 millones de personas viven en condiciones de pobreza, la educación universitaria, como motor de la equidad económica y del desarrollo social, tiene un potencial enorme.
Sin embargo, dicha posibilidad está atrapada en una extraña situación: los jóvenes de las familias mexicanas con menores ingresos –el segmento de la población que más se beneficiaría con la educación de nivel superior– son los que están más marginados de las aulas universitarias.
Según estimaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado (AMAI):
El 71% de la población mexicana en edad universitaria (11 millones de individuos de entre 19 y 24 años de edad) pertenece a los niveles socioeconómicos C y D (segmentos de bajos ingresos).
En el nivel C, el 18% de los jóvenes en edad universitaria está cursando estudios de nivel superior.
En el segmento D, el 3.4% de los jóvenes está en un aula universitaria.
En contraste, en los niveles A y B (franjas de altos ingresos), más del 80% de los jóvenes tiene acceso a la formación académica de nivel superior.
En este contexto, los jóvenes de menores ingresos apenas representan el 21% de la población universitaria de México. Por esta razón es que hace una década nace FINAE, una organización de impacto social que otorga crédito para realizar estudios de licenciatura y posgrado en instituciones privadas. El crédito educativo de FINAE está diseñado para apoyar especialmente a los jóvenes mexicanos que pertenecen a familias de menores ingresos, es decir, las familias que se ubican en los niveles socioeconómicos C y D, a la fecha ha otorgado casi 10,000 financiamientos.
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