Ante la firma del “Acuerdo para la defensa de los derechos laborales de los maestros y para la transformación de la educación” entre Andrés Manuel López Obrador, Precandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia y Rafael Ochoa Guzmán, Secretario General del SNTE en los tiempos de la presidencia vitalicia de la maestra Elba Esther Gordillo y hoy representante de Redes Sociales Progresistas Magisteriales, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, el pasado 10 de febrero, expresamos lo siguiente:
Reconocemos la precisión hecha por López Obrador, quien después de llamar a la “cancelación” de la Reforma Educativa sin explicar la vía para lograrlo, hoy especifica lo que desde sociedad civil hemos insistido: sólo puede hacerlo por la vía del Congreso de la Unión. La arenga sin fundamento impide la base para el diálogo. El que ahora deje en claro que su promesa se limita a una iniciativa de ley en la que se vote una nueva Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) fortalece nuestras instituciones, al tiempo que le da realismo y sustancia al debate.
La educación de calidad en México es un derecho humano, así se encuentra consagrado en nuestra carta Magna y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del cual México es parte. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emitido jurisprudencia sobre el interés superior de la niñez. El máximo tribunal estableció (en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J.34/2015) lo siguiente: “la educación es un derecho humano de gran importancia, tutelado en el artículo 3º constitucional, y que se refuerza con el principio del interés superior de la niñez, de tal manera que bajo su interpretación, este derecho no sólo se traduce en el acceso a escuelas, sino en las condiciones en que se otorga, y que deben permitir garantizar las mejores herramientas a la niñez para un proyecto de vida exitoso.”
La mejor manera de garantizar el derecho a aprender de la niñez y la juventud en México, siempre será defendiendo el derecho que tienen los maestros a ejercer su vocación en libertad. Las plazas no son un botín, como tampoco lo son las y los maestros en México. La evaluación de los maestros debe ser sólo una parte del ciclo de la política pública, en la que la información arrojada constituye material valioso para reforzar su formación inicial y continua, como una herramienta más que les permita confrontar y vencer las adversidades de su contexto. Garantizar este derecho es responsabilidad del Estado mexicano. Desde la sociedad civil velaremos porque se cumpla a plenitud, sin que por ello la solución sea regresar al pasado.
Aplaudimos que el debate educativo se dote de contenido y deje de lado los pronunciamientos vagos y confusos, que en nada fortalecen a los docentes en el país. La ambigüedad no debe dar lugar al oportunismo electorero de nadie, asumiendo un supuesto interés de quienes nos remiten a la etapa más oscura del derecho a aprender de los niños en México.
Como lo cita el Acuerdo referido: “no existe mejor inversión que la educación”; es verdad, pero bien vale la precisión: no cualquier educación. Sólo la educación de calidad cambia a México.
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