Las Comisiones de Educción en el Senado y Cámara de Diputados se comprometieron a que las leyes secundarias de la Reforma Educativa establecerán una justa evaluación de los docentes, respetando sus derechos laborales, pero sin que esto ponga el riesgo de la calidad educativa.
Esto fue dado a conocer al presentar el libro Reforma Constitucional en Materia Educativa: Alcances y desafíos, en donde estuvieron presentes los presidentes del Instituto Belisario Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y de las comisiones de Educación en el Senado y Cámara de Diputados, Carlos Romero Hicks y Jorge de la Vega Membrillo, respectivamente.
Quienes dieron a conocer sus posturas de privilegiar los acuerdos y elaborar las leyes que permitan un equilibrio entre los compromisos con el magisterio y los educandos.
Barbosa Huerta explicó que “vamos a desahogar a partir de hoy dentro de las cámaras trabajos que tienen como propósito conseguir productos legislativos, somos convencidos del acuerdo parlamentario, de la responsabilidad con la que los integrantes de las cámaras debemos comportarnos”.
Y reconoció la falta consensos en cuanto al proceso de evaluación y la profesionalización docente pero, sostuvo, “tenemos que resolverlos en un breve espacio de tiempo, pero el tiempo tampoco nos debe limitar para construir acuerdos, hay que actuar con responsabilidad frente a la educación del país”.
En comunicado de prensa se indicó que el también coordinador parlamentario del PRD anunció que su partido presentará sus propuestas sobre leyes secundarias, con el objetivo de coadyuvar a resolver la “crisis social que se refleja ante la falta de oportunidades, principalmente para los jóvenes, la mala calidad del sistema educativo, así como su inequidad, que ha resultado en la gran tragedia nacional de siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan por lo que quedarán en estado de vulnerabilidad”.
En su turno, la presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes expuso las cuatro premisas sobre evaluación docente: Primera, el “propósito de toda evaluación es mejorar y que la evaluación por sí sola no tiene la capacidad de causar la calidad educativa, para ello necesita mediaciones que atiendan al proceso educativo mismo y se destinen fundamentalmente a la formación de los docentes”.
Segunda, “la evaluación del desempeño docente es un elemento coadyuvante de un proceso de mayor plazo de profesionalización docente, en el mediano y largo plazo, en tanto profesionales y asociados como tales, son los docentes quienes tienen qué definir qué se entiende por ser un profesional de la docencia”.
Tercera, al existir una carrera que pasa desde el noviciado hasta el conocimiento pleno del profesor de su labor, una evaluación debe “distinguir a los maestros y el tránsito entre niveles debe ser reconocido”.
Cuarta, “la evaluación docente debe ser justa, no utilizar para juzgarlos instrumentos que miden factores que no dependen sólo de ellos, como una prueba de rendimiento de alumnos; también significa que debe de correr en paralelo de sus condiciones de trabajo”, por lo que el sistema educativo es responsable de mejorar la situación del profesorado y tomar en cuenta el contexto en que trabaja.
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