Se dio a conocer que la organización civil Mexicanos Primero informó que repudia las expresiones de Rubén Núñez, representante de la Sección 22 de Oaxaca, publicadas un diario nacional, afirmando que la contratación de 2,041 docentes anunciada por el Gobierno de Oaxaca y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) no llevará a la evaluación como lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).
Insiste en que la CNTE rechaza y rechazará la evaluación mencionada, los elementos de la reforma derivada del cambio legal de 2013 y que en su lugar se hará «la que nosotros hemos desarrollado del desempeño que hacemos en nuestro trabajo».
Mexicanos Primero lamenta esas expresiones, y más aún las actitudes y prácticas que encubre esa mentalidad. No sólo debe ser para las autoridades estatales y federales una importante llamada de alerta sobre la pretensión de la dirigencia de la Sección 22 de incumplir acuerdos, sino especialmente resulta reveladora de su modus operandi de chantaje, amenaza y pretensión de excepción.
Los profesores que sí hayan dado clase sin nombramiento oficial o en situación irregular –de quienes la autoridad debe presentar pruebas fehacientes de que confirmó su presencia regular en las escuelas, en el operativo que, según dijeron, tomó meses- son víctimas de la propia Sección 22. Los gobiernos anteriores de Oaxaca no sólo cedieron el control del IEEPO, sino permitieron que los abusos sobre pagos, claves y plazas así como la ocupación ilegal de las sedes administrativas –prácticas habituales de la dirigencia de la Sección 22- crearon un desorden administrativo que pretenden legitimar y hoy la situación apenas está clarificándose. Aunado a ello, muchos de quienes se quedaron sin pago fueron movilizados contra su voluntad y bajo coacción para participar en marchas y plantones.
La ley es muy clara, y es de aplicación obligatoria y sin excepción en todo el territorio nacional, vinculante para todas y cada una de las entidades de la República. La LGSPD establece como única excepción general para el ingreso por concurso que de manera extraordinaria se pueden llenar vacantes durante el ciclo escolar, para no dejar sin el servicio educativo a los alumnos. Los nombramientos que se expidan en ese caso no son temporales, sino «por tiempo fijo» y con una duración que no podrá exceder el tiempo remanente hasta la conclusión del ciclo escolar correspondiente (Art. 23 LGSPD). Para el siguiente ciclo escolar, el pago regular solo puede venir como consecuencia de un nombramiento derivado del concurso de ingreso al Servicio Profesional Docente.
En el supuesto -que todavía deberá la autoridad verificar y presentar las evidencias al escrutinio público- de que una parte de los docentes estuvieran en servicio previamente a la entrada en vigor de la LGSPD (es decir, antes del 12 de septiembre de 2013) y con un nombramiento provisional documentable, entonces a los ahora contratados del grupo de los 2,041, deberá aplicarse lo señalado en el Noveno Transitorio de la mencionada ley: entrarán al llamado «procedimiento especial», y deberán obligatoriamente evaluarse antes de pasar a un nombramiento definitivo.
Por lo tanto, la evaluación para el ingreso o de desempeño es un requisito imprescindible para concluir la regularización de los contratados que se anunció la semana pasada.
Igualmente, es inaceptable la expresión de Núñez referida al rechazo al concurso de ingreso y su postura respecto a que «la contratación sea inmediata y del 100 por ciento de los egresados de las 11 escuelas normales en Oaxaca».
Exigimos a las autoridades del Estado de Oaxaca que sean firmes, claras y transparentes sus posturas respecto a estas declaraciones y sobre la situación de los trabajadores contratados. Los maestros afectados, la ciudadanía y los padres de familia merecen certeza y claridad, y no volver a caer bajo el engaño y cálculo político del liderazgo sindical que ya tanto daño les ha hecho. Sobre todo, las familias de Oaxaca necesitan contar con el compromiso de su gobierno para que cumpla y haga cumplir la ley, y responda a sus legítimas esperanzas, de honestidad y cambio de rumbo. Exigimos respeto al derecho de sus hijos a contar con maestros idóneos, que garanticen su máximo logro de aprendizaje, tal como lo manda la Constitución.
No permitamos que una regularización en justicia, que debe implicar una pulcra y sólida comprobación de que los maestros están en el aula y sirven a los niños y niñas a quienes están destinados, se convierta en un elemento de negociación extralegal y de distorsión. Oaxaca es México, y la excepción de la ley no sólo daña el Estado de Derecho en el país, sino atenta en contra del interés superior de la infancia; la más necesitada, la infancia de Oaxaca, nos convoca a todos a defenderla con decisión.
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