Las concesiones mineras otorgadas a empresas tanto nacionales como internacionales se empalman con al menos 42% de los núcleos agrarios forestales que hay en nuestro país, detalló el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), que, con apoyo de Cartocrítica, hizo un análisis espacial de las concesiones y asignaciones mineras (de ahora en adelante concesiones) vigentes a diciembre de 2015. Esta revisión evidencia la creciente amenaza que la actividad minera representa para las comunidades y ejidos forestales, sus medios de vida y sus territorios.
Al respecto, Sergio Madrid, director del CCMSS, indicó que “las concesiones mineras han crecido considerablemente sobre áreas forestales de uso común, áreas de aprovechamiento maderable, áreas naturales protegidas y áreas que reciben pago por servicios ambientales, lo que coloca a las comunidades en una posición de vulnerabilidad. Si de por sí, la intervención gubernamental errática y contradictoria en las regiones forestales ha debilitado las iniciativas comunitarias de manejo sostenible de los recursos naturales, la minería como actividad preferente desestima y complica las estrategias de vida en las regiones”.
Se detalló que en México hay 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales el 22.56% se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras. Si bien las concesiones mineras no necesariamente implican un proyecto minero en producción, el acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio atenta en sí mismo contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando las estrategias de manejo y uso por parte de la población local.
Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, alcanzando en conjunto 8.4 millones de hectáreas. En los casos de Jalisco, Sonora y Sinaloa la superficie concesionada representa más de 40% de la superficie forestal de cada estado.
Los medios de vida de cientos de comunidades se verían afectados si las concesiones otorgadas pasaran a una fase de producción. De los 11,843 núcleos agrarios forestales que tiene nuestro país, 4,997, (42%), tienen una fracción de su territorio concesionado, situación que afecta a cerca de 8 millones de hectáreas de los bosques y selvas de propiedad social. En estados como Sinaloa y Jalisco más del 50% de los territorios de propiedad social cubiertos por bosques están concesionados a empresas mineras.
Los derechos que tienen las comunidades y ejidos sobre la tierra están establecidos en diferentes instrumentos legales nacionales e internacionales, entre ellos: a) la Ley Agraria, que reconoce la propiedad que tienen los ejidos y comunidades sobre su territorio; b) el artículo 2° Constitucional, que establece la libre determinación de los pueblos indígenas; y c) el artículo 6° del Convenio de la OIT, que establece la necesidad de consultar a los pueblos indígenas ante medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarles directamente.
No obstante, en las regiones forestales los derechos de las comunidades están siendo violentados pues los proyectos extractivistas avanzan y se les niega el derecho a otorgar (o no) su consentimiento libre, previo e informado sobre los mismos. Existen múltiples ejemplos de lo anterior: la disputa entre el pueblo Wixárika y la empresa First Majestic Silver Corp por una mina que afecta un sitio sagrado de su territorio; la disputa entre las comunidades de la Sierra Norte de Puebla y la minera Almaden Minerals, entre muchos más.
En México contamos con un marco legal que obliga a las autoridades a respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Sin embargo, mineras y gobierno impulsan proyectos mineros sin importar que se vulneren los derechos de las comunidades locales.
El análisis de capas de información evidencia que el gobierno continúa impulsando políticas públicas desarticuladas sin un planteamiento de desarrollo regional, sectorizadas, en la que cada institución avanza en sus propias metas sin una estrategia integral que permita avanzar hacia la sustentabilidad. Las concesiones mineras se traslapan con las Áreas Naturales Protegidas (ANP), con predios que reciben un Pago por Servicios Ambientales (PSA) y con predios que tienen aprovechamiento forestal maderable (AFM).
En el caso de las políticas de conservación y protección forestal, encontramos que 434,483 hectáreas de bosques inscritos en el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) también están concesionadas a la minería. Jalisco y Sinaloa tienen concesiones en más del 40% de la superficie que está en el PSA. Mientras tanto, en las ANP hay cerca de 4 millones de hectáreas que se traslapan con concesiones mineras y se tienen registrados al menos 42 proyectos extractivos en las ANP.
Las concesiones mineras sobre territorios forestales son un tema de enorme relevancia tanto por los riesgos de afectación de derechos a los propietarios como por sus posibles impactos sobre las actividades económicas de las comunidades. En México hay 12.6 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal; sin embargo, cerca de 3 millones de hectáreas, es decir, 23% se empalman con concesiones mineras. Los estados con mayor afectación son: Baja California, Coahuila, Baja California Sur, Jalisco y Chihuahua. Existen 72 proyectos mineros que ya están en fase de exploración, desarrollo o explotación en áreas de aprovechamiento forestal maderable.
En Chihuahua y Durango, estados que ocupan los primeros lugares por su producción forestal maderable con actividades productivas administradas por empresas ejidales, existe una fuerte sobreposición entre la superficie bajo “programa de aprovechamiento forestal” y la superficie concesionada a mineras. En Chihuahua esa sobreposición representa 22% y en Durango, 24%. La presión de la minería en estas entidades es muy fuerte, por sus importantes yacimientos de metales preciosos como oro, plata y cobre.
Muchos de los ejidos forestales afectados llevan más de 25 años aprovechando de manera sustentable sus bosques. Incluso, algunos de los ejidos afectados tienen un manejo forestal sobresaliente por el que lograron obtener la certificación FSC. Esta certificación se otorga a empresas, ejidos o comunidades que realizan un manejo forestal bajo estándares internacionales, tomando en consideración aspectos ambientales, sociales y económicos.
Más cifras confirman la falta de alineación de las políticas públicas: en una misma área, unas instituciones promueven la conservación y el uso sustentable y otras promueven actividades extractivistas. Los datos hablan por sí solos: se traslapan 3,742 concesiones en áreas de aprovechamiento forestal maderable; 2,521 en ANP federales y 1,243 en áreas con PSA.
Llama la atención la poca o nula información que el gobierno da sobre estos temas. Los bosques y selvas de México son mayoritariamente propiedad de ejidos y comunidades. Sus territorios han sido titulados y respaldados por múltiples decretos presidenciales, son sus legítimos dueños y, sin embargo, más de 8 millones de hectáreas de sus tierras fueron concesionados a la minería. La mayoría de estos ejidos y comunidades desconocen su situación o encuentran trabas para acceder a información sobre las concesiones otorgadas en su territorio.
Si bien los datos generales de una concesión pueden ser consultados, para acceder a más información se cobran derechos. Esto genera una relación asimétrica, al poner la información al servicio de quien puede pagarla.
De acuerdo con un diagnóstico de transparencia elaborado en 2015 por Fundar y otras organizaciones, entre las causas de la opacidad sobre las concesiones mineras están: la confidencialidad, la inexistencia de datos económicos de los concesionarios, la dispersión de la información y la asimetría en el acceso a la información.
La minería es una actividad de alto impacto que representa un enorme riesgo para las comunidades y ejidos forestales de México. Aunque no todas las concesiones tienen un proyecto de explotación inmediato, sí abren la posibilidad de coartar en el mediano o largo plazo los derechos y medios de vida de los campesinos que habitan esos territorios. Los bosques y selvas se conservan gracias al esfuerzo y el trabajo de estos ejidos y comunidades. Es necesario que los logros alcanzados en los pasados 30 años no sufran un retroceso ante la presión de la minería.
Actualmente existen múltiples conflictos socioambientales en México por proyectos mineros, de infraestructura y de hidrocarburos, entre otros. Es evidente que el trabajo y los derechos de las comunidades y ejidos son poco valorados, lo cual está generando un clima de enfrentamiento, además de procesos de degradación de los ecosistemas forestales. El Consejo Civil Mexicano hace un llamado a las organizaciones sociales a impulsar una estrategia de defensa de los territorios forestales comunitarios poniendo especial atención a:
Establecer mecanismos que le permitan a los ejidos y comunidades forestales acceder a información pertinente y oportuna con la que puedan tomar decisiones informadas sobre su territorio.
Avanzar hacia la modificación del artículo 6° de la Ley minera de tal manera que se elimine el carácter preferente de la actividad minera.
Generar en las instituciones gubernamentales el compromiso de impulsar políticas públicas y actos de autoridad para las regiones forestales de manera articulada y coordinada, siguiendo principios de respeto a los derechos de las comunidades, sustentabilidad ambiental y uso sostenible de los recursos naturales.
La obligatoriedad del cumplimiento del principio de “consentimiento, libre, previo e informado” para la realización de cualquier proyecto extractivo en territorios ejidales y comunitarios.
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