Atisbos

EFICAZ.- Virgilio Andrade, el empleado del Presidente Enrique Peña Nieto en la Secretaría de la Función Pública (SFP) cumplió a cabalidad la encomienda de su jefe: investíganos a mí, a mi esposa y a mi secretario de Hacienda, argumenta que no incurrimos en ninguna falta de conflicto de interés y absuélvenos. El funcionario entregó los resultados esperados por su jefe, quedó bien con la Primera Dama, Angélica Rivera, e hizo un favor a quien le paga, Luis Videgaray. Pero para los mexicanos de a pie que a diario padecen la afrenta de gobernantes, funcionarios y políticos corruptos e impunes, Virgilio Caballero quedó como un “pelele”, como un cómplice del abuso de poder y como el secretario de Estado más falto de credibilidad dentro del gabinete presidencial. Tal vez el presidente, su esposa y el secretario de Hacienda estén satisfechos con la investigación que concluyó que no hubo violaciones a la ley, que nadie incurrió en conflicto de interés, y que no hay responsabilidad jurídico-administrativa, y estén tranquilos con la absolución de la Secretaría de la Función Pública, pero para la ciudadanía son y seguirán siendo culpables como desde el momento en que se supo públicamente que la señora Angélica Rivera compró una millonaria propiedad la “Casa Blanca” en las Lomas, que el secretario que maneja las finanzas del país, Luis Videgaray hizo lo mismo en Malinalco, y que el Jefe del Estado Mexicano adquirió una mansión en el club de golf de Ixtapan de la Sal. Si hubo o no irregularidades en la compra venta de los inmuebles, es lo de menos. No importa. La gente tiene su veredicto y le da mucha más validez que el que dio Virgilio Andrade, que resultó ser “La crónica de una absolución anunciada”. Se necesitaría ser muy ingenuo o tonto para creer que el secretario de la Función Pública -convertido en juez y parte-, iba a acusarlos de haber violado la fracción XII del artículo ocho de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos -que no aplica para Angélica Rivera-, a sabiendas de que el Presidente Peña Nieto lo designó secretario y la primera encomienda que le dio fue iniciar una investigación para, supuestamente, fincar responsabilidades. Cabe precisar que la investigación obedeció más que a un acto de honestidad, a las presiones de diversos sectores de la sociedad. Ahora, el asunto está concluido. La resolución es que los acusados por conflicto de interés, están libres de toda culpa. Habrá que esperar las próximas encuestas sobre la percepción de la población en cuanto al desempeño de Enrique Peña Nieto al frente del país -de manera colateral, estas permitirán saber cómo está su nivel de credibilidad, confianza y honestidad de cara a la corrupción e impunidad que priva en su gobierno-, para medir el efecto de los escándalos.

CUMPLIR.- A decir del subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Raúl Murrieta Cummings, para la dependencia resulta una prioridad cumplir, en tiempo y forma, con los 105 compromisos que le corresponden de los 266 que contrajo el Presidente Enrique Peña Nieto. El trabajo que se desarrolla en la SCT tiene que ver con manejar los proyectos no sólo con eficacia y eficiencia, sino con enorme transparencia. Se han entregado ya 31 compromisos y el 80% restante está en marcha.

INCENDIOS.- Distrito Federal, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Puebla, Durango, Chiapas, Baja California y Tlaxcala, son las entidades donde se registra el mayor número de incendios forestales. El diputado Roberto Ruíz Moronatti (PRI) informó que 44% de incendios son provocados por actividades agropecuarias; 19% son intencionales; 12% por fogatas; 11% por fumadores, y 14% por causas diversas. La Comisión Nacional Forestal reportó que en 2012 se registraron 7 mil 282 incendios en el país afectando 347 millones 901 mil 37 hectáreas.

VERDAD.- la abogada general y Comisionada para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), María Evangélica Villalpando Rodríguez, dijo dos verdades ante empleados de la dependencia: no podemos hablar de un gobierno de cambio si no actuamos dentro de la legalidad y, México demanda mejores servidores públicos, honestos, éticos, profesionales, sensibles, conocedores de su responsabilidad y con una verdadera vocación de servicio.