Atisbos

CAOS.- Es lo que se padecerá en la ciudad de México durante el tiempo que duren las protestas y resistencia de los 42 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas a los que el Presidente Felipe Calderón despidió al decidir la extinción de Luz y Fuerza del Centro. El jueves los electricistas realizaron la segunda marcha-mitin de un sinnúmero que habrán de protagonizar en defensa de su fuente de trabajo, y aunque se realizó a las 5 de la tarde -según sus argumentos para no afectar a las personas a la hora en que se dirigen a trabajar- el desquiciamiento vial fue tremendo por los cortes a la circulación, y, por supuesto, las quejas surgieron de inmediato. Pero ¿qué se puede esperar cuando se deja sin trabajo a miles de personas cuyo asiento laboral y de residencia es el centro del país, y cuando se sabe que son aguerridas? Para su descargo personal el Presidente Calderón expresó en evento público que está tranquilo y libre de conciencia –o sea, él que se proclamo el Presidente del empleo, no tiene remordimiento por dejar sin trabajo, de un plumazo, a miles- porque actuó de manera adecuada. Yo dudo que así sea, porque las consecuencias son impredecibles y puede derivar en un conflicto mayor que no hay que soslayar, toda vez que la Unión Nacional de Trabajadores contempla la posibilidad de emplazar a huelga nacional en apoyo a los trabajadores del SME.
INCONGRUENCIA.- Los más de 10 millones de indígenas que hay en el país, que forman parte de los pobres más pobres de entre los 60 millones de mexicanos que se encuentran en esa condición de vida, no son prioridad en los programas sociales del gobierno federal aunque en el discurso se diga lo contrario. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, la propuesta del Ejecutivo federal para atender las necesidades de los Pueblos y Comunidades Indígenas y propiciar su desarrollo con proyectos productivos, es destinar 7,340 millones de pesos contra 7,809 millones del presente año, lo que representa una disminución de 468.5 millones de pesos. Así las cosas, el argumento del gobierno federal de que el objetivo primordial de la política de gasto es tratar de dar atención a los pobres y dentro de los pobres a los más pobres, es falso. Entre el decir y el hacer del Presidente Felipe Calderón hay mucho distanciamiento, y, como consecuencia, sólo se aplican paliativos que permitan administrar la situación de la población indígena. En contrapropuesta, Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, dio a conocer que esa instancia legislativa se opondrá a la reducción del presupuesto, estará vigilante para evitar subejercicios en su aplicación, y que los programas no estén sujetos al voluntarismo de servidores públicos.
TRANSPARENCIA.- Como parte de la difusión de información relacionada con las convocatorias y fallos para la contratación de obras y servicios, y garantizar la transparencia de los mismos, Petróleos Mexicanos incorporó al Instituto Mexicano de Auditoria Técnica, A.C. como testigo social en la licitación de ingeniería complementaria, procura y construcción de cinco tanques de almacenamiento con capacidad de 100 mil barriles cada uno, para ampliar la infraestructura en la Terminal Marítima de Tuxpan, Veracruz. Para el efecto la paraestatal recibió cinco propuestas y luego de evaluarlas técnica y económicamente, adjudicó el contrato por 705 millones siete mil pesos que concluirá en 2010. Con estas inversiones PEMEX impulsa la ejecución de obra pública y propicia la participación de la industria de la construcción local y regional, lo que coadyuva a la generación de empleos con la consecuente derrama económica en la zona. Los tanques de almacenamiento forman parte del proyecto Tuxpan-México y al ampliar la infraestructura, la Terminal Marítima de Tuxpan dispondrá de mayor flexibilidad operativa y de más días de autonomía para asegurar el abasto de productos refinados en la zona centro del país.
DESPROTECCIÓN.- Los pobladores de 36 colonias de la delegación Álvaro Obregón viven con miedo, bajo la amenaza de que de un momento a otro puedan ser víctimas de una tragedia, pues sus viviendas están asentadas en las 85 minas que están pendientes de tapar. La protección civil que ofrece la autoridad local no es suficiente a pesar de que en el presente año se destinaron 30 millones de pesos para la regeneración de las cavidades, y no obstante, hay reticencia del gobierno federal para destinar recursos del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres a la creación de un fondo especial que permita atender la contingencia. A partir del 1 de octubre, fecha en que tomó posesión como jefe delegacional, Eduardo Santillán exhortó al gobierno federal a “no ahorrar” en materia de protección civil ya que lo que está en juego es la seguridad de miles de familias de escasos recursos. A su decir, con únicamente el dinero que destina la delegación para atender el problema de las minas, pasarían 50 años para solucionarlo, empero, si se conjuntan recursos de la federación, el tiempo se reduciría a sólo cinco años.