El campo mexicano, donde aún vive habita una quinta parte de la población nacional, lejos del 3 por ciento que propugnaban los hacedores de las reformas al 27 Constitucional hace poco más de dos décadas, vive ahora una segunda era.
Se trata de obligar a las organizaciones político agrarias a que rindan cuentas de los recursos que les entrega el gobierno federal para apoyar la reactivación del agro con una vista más real de lo que demandan los mercados locales, nacionales y mundiales.
Es una consecuencia lógica de la primera modernización, surgida a raíz de las reformas al 27.
Además, necesaria, porque no es posible que, a más de 100 años de la Revolución Mexicana, una de cuyas causas fueron las injusticias que se tenían en el campo, aún la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) negocie con organizaciones político agrarias acuerdos para terminar con los conflictos agrarios sobre tenencia de la tierra.
Los que conocen la historia agraria de México saben perfectamente que durante décadas la tierra sólo produjo votos y los campesinos estaban organizados para producir votos, no alimentos.
Esto habla de la grave politización del agro que prohijó hasta más de un centenar de organizaciones campesinas, dedicadas a promover líderes campesinos a puestos de representación popular más que a organizar a los productores y hacer fructificar la tierra y a resolver problemas de crédito y comercialización que era lo que pedían los labriegos, no promover alcaldes, legisladores o gobernadores.
La nueva era del campo se enfoca hacia la producción, por lo que los líderes tendrán que jugar ese nuevo rol, el único que les demanda la justicia rural.
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