Una nueva etapa de coordinación entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estados y municipios iniciará con la Ley de Coordinación Fiscal –aprobada la semana pasada–, bajo un esquema para la condonación de adeudos que tienen los municipios por concepto de derechos y aprovechamiento de aguas nacionales, así como por descargas de aguas residuales que permitirá, por primera y única vez, que puedan regularizar deudas históricas para proyectar en los próximos años esquemas de financiamiento más sólidos en sus organismos operadores.
Así lo informó David Korenfeld, director general de la Conagua, al inaugurar la XXVII Convención Anual y Expo ANEAS Acapulco 2013 donde explicó que al conjuntar esfuerzos de manera coordinada, se evolucionará en esquemas que incluyan no sólo aspectos de infraestructura, sino también elementos medioambientales, financieros y de desarrollo urbano.
Señaló que los viejos problemas de crear infraestructura para entregarle operación a los municipios han sido ineficientes, ya que estos últimos no cuentan con recursos para mantener operando sistemas de drenaje, bombeo o de agua potable, entre otros, y la inversión se pierde al no ser utilizada.
Por su parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, enfatizó que es necesario dotar a los municipios de la capacidad para cobrar lo justo por los servicios en materia de agua que requieren tanto pobladores, como industria, comercio, sector hidroagrícola y turismo.
A su vez, Emilio Rangel, presidente de la Asociación Nacional de Aguas de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) coincidió en que internacionalmente los ciudadanos tienen el derecho de recibir servicios relacionados con el agua a un costo asequible, lo que implica que, de acuerdo con el tipo de ubicación de cada usuario, se debe cobrar lo necesario o, por lo menos indispensable, para poder dar mantenimiento a la infraestructura que los sostiene.
La Conagua transitará hacia los nuevos mecanismos que permitan incrementar el apoyo técnico que brinda, con lo que se relanzará la relación con los organismos operadores para consolidar una responsabilidad compartida en beneficio de la población que recibirá mejores servicios de agua.
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