Si además de pertenecer a un pueblo originario en México se es adulto mayor con algún tipo de discapacidad física o mental, el ejercicio pleno de los derechos fundamentales se da en un contexto de absoluta desigualdad, debido a que las políticas públicas nacionales enfocadas a este sector son un tema olvidado por gobiernos, medios y academia, aseguraron los investigadores Roxana Muñoz Hernández y Rodrigo Pimienta Lastra.
El investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México (CDMX), los docentes sostuvieron que para 2050 los mexicanos de 60 años sumarán unos 30 millones, por lo que su panorama actual y futuro, sobre todo en el medio rural e indígena, exige a las autoridades actualizar y dinamizar sus perspectivas de gestión.
En el caso de los adultos mayores, sólo 23% de las mujeres y 40% de los varones tiene acceso a una pensión contributiva, pero lo más grave es que 26% de ese sector carece de pensión contributiva o soporte de programas sociales, ya que para todos ellos el único apoyo económico federal asciende a mil 275 pesos mensuales, señalaron durante la mesa Bienestar, realizada en la Rectoría General de la UAM.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 está establecido el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que consta de una aportación de dos mil 250 pesos mexicanos (114 dólares) bimestrales, con la cual sólo alcanzan a cubrir 10% de los insumos –medicamentos y sillas de ruedas, entre otros– que requieren, por lo que debieran incluirlas en los programas federales de acceso a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la justicia, lo que significaría un viraje hacia el fortalecimiento de las políticas públicas, dijo la doctora Muñoz Hernández.
Los problemas de los indígenas no son solamente los bajos salarios, sino también la educación, ya que en promedio cuentan con cero a seis años de primaria y la mayor parte gana menos de un salario mínimo al día, es decir se trata de una comunidad de alta marginación.
La investigadora sostuvo que de acuerdo con Sandra Huenchuan Navarro, especialista en el tema de envejecimiento en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, hay tres componentes de las políticas públicas: una base institucional, un sustento legal e intervenciones concretas, entre ellas planes, programas y proyectos.
En México el primero de esos componentes corresponde al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), sin embargo desde principios de 2019 cuenta sólo con una encargada del despacho, situación que afecta a los más de siete millones de personas con discapacidad que viven en las zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
El sustento legal está representado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 y ratificado por México en 2008 como instrumento vinculante, que aunque es un documento vigente nacional que rige todas las leyes al respecto, solamente 30 por ciento de las entidades ha armonizado sus legislaciones respecto de la convención.
Las intervenciones concretas corresponden a los Consejos de Coordinación Interinstitucionales con la colaboración de CONADIS (sin titular), diversas secretarías y algunas organizaciones civiles, cuya participación es escasa debido a que todas las reuniones del Consejo se llevaban a cabo en la Ciudad de México.
Por lo que los investigadores hicieron un llamado a incrementar los esfuerzos que desemboquen en una auténtica política que garantice las condiciones dignas para la vejez y para el desarrollo pleno de la población con discapacidad.
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