Toluca, Méx.- La discapacidad debe entenderse como un tema de justicia social para quienes actualmente la padecen, advirtió la diputada Yolitzi Ramírez Trujillo, al refrendar el compromiso de la LVII Legislatura local de trabajar en políticas públicas que atiendan este problema desde sus orígenes.
En la inauguración de la jornada informativa sobre discapacidad, Ramírez Trujillo se pronunció por pasar de un estado de acción a uno de prevención que evite que este problema vaya en aumento.
“Para Nueva Alianza esa debe ser la premisa de toda política de gobierno, para que a través de la democratización del conocimiento se haga realidad la prevención de enfermedades y riesgos que terminen en una discapacidad, toda vez que la educación tanto de los ciudadanos como del servicio público posibilitará un mejor entendimiento de la problemática, al tiempo que allanará el camino para encontrar soluciones de fondo”, puntualizó.
En presencia de la coordinadora de la fracción legislativa del Partido Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez, así como de los diputados Antonio Hernández Lugo y Eynar de los Cobos Carmona, la legisladora Ramírez Trujillo puntualizó que la discapacidad es un asunto de todos, por lo que consideró necesario que todos los actores de la sociedad se involucren decididamente en esta problemática mirando siempre por el bien común.
Afirmó que el reto del siglo XXI es una reconversión social mediante políticas públicas que favorezcan el acceso oportuno a la salud, educación, cultura, trabajo, transporte, entre otros, que permitan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Advirtió que la discapacidad no es un fenómeno de minorías, “pues todos nos encontramos expuestos a sufrirla”, y estableció que la discapacidad va más allá del ámbito de la salud, pues más del 60 por ciento de la población con discapacidad se encuentra en los estratos más bajos de ingresos en el país y, tan sólo en el caso del Estado de México, los hogares que sufren alguna va discapacidad superaban los 70 mil, según el Censo de Población 2000, lo que sitúa en un estado de vulnerabilidad que es necesario atender prioritariamente.
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