La falta de acceso a gas obliga a familias a utilizar leña para cocinar sus alimentos.
El gobierno del Estado de México, que encabeza Enrique Peña Nieto, ha reconocido como prioridad que la conservación ecológica representa el desarrollo de la entidad y el bienestar de las futuras generaciones, mediante la instrumentación de políticas públicas que permitan compaginar la diversidad geográfica y su biodiversidad con la actividad económica y los asentamientos humanos, lo que representa promover una planeación urbana con todos los municipios.
La pobreza se encuentra vinculada con el menoscabo ambiental en la medida en que amplios sectores de la población no tienen acceso a servicios públicos básicos; ésta contribuyen al deterioro de la Naturaleza, a través de la quema de leña por carecer de gas, la defecación al aire libre por falta de drenaje, la quema de basura, la tala clandestina como medio de subsistencia y la deforestación para la siembra de semillas de baja calidad para el autoconsumo, que significan alteraciones al Ambiente.
La sustentabilidad se basa en satisfacer necesidades sin afectar a futuras generaciones, lo que requiere que las autoridades y la sociedad asuman su responsabilidad, pues no basta con la construcción de una conciencia Ambiental y el combate a la pobreza, sino que representa una voluntad política por cumplir los programas gubernamentales hasta sus últimas consecuencias con la suma de esfuerzos y recursos entre las instancias involucradas.
En esos términos se expresó el secretario de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, durante su participación en el Sexto Coloquio Anual de la Academia de Derecho Ambiental.
Detalló que el combate a la pobreza y la preservación ecológica son tareas de índole nacional, de permanente aplicación y de muy profundos cambios en los modelos estructurales de desarrollo, que requieren de una coordinación entre los tres niveles de gobierno para alcanzar una solución compartida, mediante recursos conjuntamente aportados y una organización administrativa.
Recordó que, en las ciudades, se reciben y disfrutan los mejores servicios, aunque también se resienten cotidianamente los efectos negativos de la misma competencia por la supervivencia urbana, la condición de pobreza y de contaminación, que exige que la ciudadanía en general asuma su responsabilidad en la sustentabilidad del Planeta, cuya carencia en algunos casos ha tenido efectos irreversibles.
Por ello, dijo, desde la administración estatal se impulsa una infraestructura vial diversificada que contribuya a la movilidad y, por tanto, a la reducción de contaminantes; la aprobación del Acuerdo Integral de Protección al Medio Ambiente en coordinación con el Distrito Federal, que contempla, entre otros proyectos, el Hoy No Circula Sabatino, además de los Programas Aire Limpio y de Ordenamiento Ecológico Regional para el Valle de Toluca, considerada la quinta zona más poblada del país.
Por último, Navarrete Prida enfatizó que, en los próximos años, los núcleos de población se seguirán concentrando en las ciudades, por lo que su expansión debe planearse y vigilarse para lograr la sustentabilidad de las grandes urbes, tras considerar que es necesario definir la frontera del crecimiento urbano para evitar su expansión descontrolada a zonas de preservación ecológica, y mejorar la calidad de vida de quienes ya habitan en las concentraciones poblacionales.
Justo que DF pague 21 mmdp por caos medioambiental
Tras haber ofrecido la última prueba dentro del juicio civil, que se inició hace casi cuatro años, en contra del Distrito Federal, mediante el cual se demanda el pago por daños ambientales por la sobreexplotación de agua y con la que se surte a la población capitalina, el gobierno del Estado de México espera que todo termine para abril o mayo venidero. Así lo dio a conocer el subsecretario de Asuntos Jurídicos del GEM, Emanuel Villicaña Estrada, quien agregó que la citada prueba que se presentó al juzgado duodécimo de Distrito del Poder Judicial de la Federación en materia civil del Distrito Federal consiste en un peritaje y avalúo realizado hace más de un año por peritos autorizados por el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con estudios preliminares, se calcula que el monto por los daños ambientales asciende a 21 mil millones de pesos, debido a la desecación de manantiales, deforestación, abatimiento de mantos freáticos, hundimientos, erosión y degradación del suelo en el norte, centro y Valle de México del Edomex. También se reclama el incumplimiento de diversos acuerdos signados entre el Edomex y DF.
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