Ricardo Chávez G.,
Colaborador invitado
Diez mil jornaleros toman y bloquean la carretera Transpenínsular, que conecta las dos Bajas Californias, de Tijuana a la Paz, para denunciar las violaciones de sus derechos laborales y humanos por las empresas agroexportadoras de hortalizas y vegetales, establecidas en el Valle de San Quintín, B.C.
Estos jornaleros que, en realidad, llegan a formar una comunidad de 80 mil personas, que junto a sus familias trabajan en los cortes y cosechas, así como el empacado de jitomate, calabaza y, principalmente de la fresa, para la exportación a Estados Unidos, China y Europa, por parte de 230 empresas agroindustriales, conocidas en la región como “rancheros”, y que son controladas por 12 empresas agroexportadoras de las que son propietarios extranjeros, particulares nacionales, algunos con propiedades de ranchos de hasta de 30 mil hectáreas.
Las exigencias de este movimiento de jornaleros son: respeto a las 8 horas de trabajo, trabajo de horas extras voluntarias, seguro social para los 80 mil jornaleros de San Quintín, terminación con el acoso sexual a las jornaleras y cumplimiento con las investigaciones ante las denuncias hechas de acoso sexual por jornaleras contra los capataces, cumplimiento con los programas federales y estatales, canalizados a jornaleros, revocación de los contratos de protección que la patronal tiene con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de México (CROM), goce de vacaciones y descanso del séptimo día, revisión de salarios mínimos y que sea de $280.00 pesos diarios, el que actualmente es de $110.00 a $130.00 pesos y los empresarios y rancheros ofertan aumentarles sólo $10.00 diarios, propuesta a través del Consejo Agrícola de Baja California para el Valle de San Quintín en su sector agrícola industrial, que se proceda al registro de su organización sindical independiente de jornaleros, respetando sus derechos de audiencias, petición, asociación al trabajo, derechos laborales establecidos en el artículo 123 y Ley Federal del Trabajo, así como sus derechos humanos.
La falta de responsabilidad, sensibilidad, para haber dado una respuesta al pliego petitorio entregado en tiempo y forma por los jornaleros de San Quintín, a través de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social a las autoridades correspondientes de la representación de los gobiernos estatal y federal, al no dar éstas una respuesta oportuna, según lo ameritaba el caso, dejando al margen el estado de derecho enmarcado por la Constitución vigente, sus leyes secundarias y reglamentos, dejando abierto el camino a la protesta pública por parte de los jornaleros, haciendo uso de sus derechos de manifestación. Justo derecho ciudadano que fue obstruido por la acción violenta de la fuerza pública.
Comentarios Cerrados