Amnistia Internacional dio a conocer que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz ordenó la liberación de Denis Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández, veracruzanas sobrevivientes de tortura sexual tras cinco años en detención en el marco de un proceso penal injusto basado en pruebas ilícitas.
Denise, Korina y Wendy salieron hoy por la madrugada del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 en Morelos. Su libertad, señaló Denise Blanco, es “tener de nuevo vida que se suspendió sin sentido, rehacer el tiempo perdido”.
En agosto de 2011, Denise, Korina y Wendy fueron detenidas sin orden de aprehensión en Villahermosa, Tabasco, por elementos de la Marina Armada de México y llevadas a una instalación militar en Veracruz.
Ellas fueron violadas, humilladas, sometidas a semiasfixia y a descargas eléctricas, incluso sufrieron insultos por su orientación sexual, esto con la finalidad de obtener una confesión autoinculpatoria y de involucrar a personas que no conocían en la comisión de diversos delitos.
A estas violaciones se sumó la incomunicación y tardanza en la puesta a disposición ante las autoridades competentes; además fueron llevadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en Veracruz y no en Tabasco, donde fueron detenidas. Las tres fueron señaladas ante los medios de comunicación como pertenecientes a un grupo delictivo en un proceso lleno de irregularidades e integrado por pruebas ilegales basadas en la detención arbitraria y tortura sexual. Al ser detenidas, estas mujeres pierden la oportunidad de denunciar sus crímenes y acusar a los culpables de la violencia cometida contra ellas.
Hoy, “la libertad es volver a nacer junto a mi familia y la gente que me apoyó. Hoy es una nueva vida para mí, estoy de frente y de pie, quiero justicia”, exigió Korina Utrera. Por su parte, Wendy Hernández explicó que para ella, la libertad significa “estar con la mirada al frente y con sed de justicia”.
Las organizaciones acompañantes reconocieron que la liberación de las sobrevivientes de tortura representa un primer paso para la Justicia y exigieron que la Procuraduría General de la República no apele la decisión del juez en el caso, investigue las denuncias de tortura, garantice que las sobrevivientes puedan interponer recursos efectivos y recibir reparación integral.
La visibilidad del caso y la presión pública fueron elementos clave para que las sobrevivientes de tortura obtuvieran su libertad. Las tres se incorporaron a la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, iniciada por las sobrevivientes de tortura sexual en el operativo policial de San Salvador Atenco en mayo de 2006, y su caso fue documentado por Amnistía Internacional en el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México” en una investigación sin precedentes sobre los abusos contra las mujeres durante su interrogatorio o arresto, y en el que las tres relataron a la organización los malos tratos que sufrieron.
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