México pierde hasta un millón 500 mil hectáreas de selvas y bosques por año y de 1991 a la fecha, el 10 por ciento de su plantilla de inspectores forestales han muerto por cuestiones relacionadas con su trabajo, problemática más que suficiente para crear la Policía Ambiental Federal.
En conferencia de prensa, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, Jorge Legorreta Ordorica, anunció lo anterior, al señalar que nuestro país pierde anualmente una cubierta forestal equivalente a entre una y tres veces el total del territorio del estado de Tlaxcala.
Destacó que reportes en materia de deforestación colocan a México en el segundo lugar a nivel mundial en este rubro, abajo de Brasil y, con una pérdida del 95 por ciento de sus bosques tropicales húmedos, la mitad de sus bosques templados y un porcentaje difícil de cuantificar de sus zonas áridas y desiertos naturales, que sin duda, rebasa a la mitad del acervo original.
Respecto a la desaparición de humedales, especialmente manglares, aún y cuando su superficie es pequeña con relación a otros ecosistemas, por su productividad biológica, constituye una pérdida de grandes dimensiones, añadió el senador verde ecologista.
Al referirse a la muerte de 30 inspectores forestales en los últimos 18 años que confrontaron a la delincuencia organizada, destacó: urge que el gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con el cuerpo de combate que forme la Policía Federal Preventiva, asuma el control de la lucha en contra de la tala ilegal.
Actualmente, alrededor de 300 inspectores vigilan 56 millones de hectáreas de bosques y selvas del país; es decir, a cada uno le corresponden más de 180 mil hectáreas. Además, carecen de equipo y de atribuciones para investigar o portar armas para su defensa, pese a que generalmente se enfrentan a bandas organizadas.
La Policía Ambiental Federal dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se establecería permanentemente en suelo de conservación y áreas de valor ambiental y sus elementos estarían facultados para poner a disposición de autoridades competentes a todo aquel que viole la normatividad ambiental en materia penal y administrativa, como asentarse en dichas zonas o tale árboles de manera ilegal.
Reformar y adicionar la Ley de la Policía Federal Preventiva y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, permitiría dotar a la acción gubernamental de integralidad, decisión y energía por parte de las autoridades para erradicar la práctica ilegal de los talamontes que van de un delito a otro, pues empiezan robando madera, ocasionan daños en propiedad ajena, evaden impuestos y, por si ello fuera poco, cuentan con aserraderos en los que roban el suministro de energía eléctrica y hacen uso ilegal de armas de fuego.
Es decir, verdaderas lacras que se están acabando los bosques nacionales, mantienen amenazados a los campesinos y se burlan de las autoridades impunemente. Bien por los senadores del Partido Verde. Ojalá la respuesta de sus colegas este a la altura de la gravedad del problema.
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