De tal manera esa pudiera ser parte de la respuesta del desbordamiento de los apetitos voraces de los transportistas de pasajeros que operan en la entidad.
Antorcha Campesina, grupo ligado al PRI y reconocido por su liderazgo social, ahora expande sus redes de poder e incursiona en el negocio del transporte de pasajeros.
En respuesta al rechazo violento que ha tenido por parte de grupos como el de Axel García, quien domina en la zona norte del estado, la dirigente estatal antorchista Maricela Serrano lo calificó de cacique y ganster.
Al calor de la disputa de diversas rutas dio datos de como opera ese sector en la entidad:
“Axel García Aguilera, ex alcalde del PRI por Cuauttlán Izcali, es dueño de 2 mil unidades, además de que tiene afiliadas en su organización Alianza Triple “A”, 8 mil más”.
Indicó que sólo el 25 por ciento de ellas tiene placas oficiales, el resto son piratas, no se conoce oficialmente el nombre de los dueños, ni de los choferes.
Agregó que los propietarios de esos cientos de unidades irregulares “están obligados a dar de entrada 10 mil pesos, otros 710 pesos cada semana y 450 pesos más cada cuatro meses, por la venta de protección. Cualquier atraso», significa una «sanción adicional de 42 pesos diarios».
Al respecto el delegado de la Canapat, Odilón López sostuvo que los líderes de taxis también están metidos en ese tipo de prácticas, es decir, no sólo los dueños de camiones, combis o microbuses
Miles de micros circulan por el Valle de México llevando muerte y desesperación.
Tales dirigentes, añadió, reciben en promedio de sus agremiados 3 mil pesos semanales, es decir, 12 mil al mes, “más las concesiones que les dan”.
Cantidad que pareciera ser mínima, sin embargo, en la entidad son cientos las bases de taxis, lo que se traduce en cantidades millonarias, que van más allá de las manos de los líderes, que está visto están protegidos por las autoridades e incluso se sospecha, que sirven para financiar campañas políticas, pero hasta ahora nada se ha comprobado.
Axel, más datos de irregularidades
Ante la irrupción de Antorcha Campesina en el negocio del transporte de pasajeros, Axel García no se quedó callado e informó que ese grupo mueve en diversos municipios a 35 mil vehículos piratas.
La emprendió contra el ex alcalde de Chimalhuacán y esposo de la diputada federal Maricela Serrano, Jesús Tolentino Román, y lo acusó de ser quien encabeza las invasiones de las rutas del transporte.
“Somos más de 150 mil concesionarios, de 480 agrupaciones del estado de México, integrados al “Frente de Transportistas Encabronados”, los que impedirán que la agrupación Antorcha Campesina siga invadiendo sus rutas con vehículos piratas, ya que ha generado pérdidas de tres millones de pesos por semana a los concesionarios legales”, añadió en su momento.
Junto con Heriberto Oviedo, líder de la Coordinadora de Organizaciones para el Mejoramiento del Transporte en el Estado de México, con presencia en el oriente de la entidad, manifestó que si Tolentino no cede en sus pretensiones exigirán al procurador de Justicia, Alfredo Castillo, ejerza acción penal en su contra ya que por lo menos tiene almacenadas 25 averiguaciones previas por diversos delitos, entre ellas, la de fraccionador clandestino.
Pésimo servicio ofrecen las mafias a la población del Valle de México.
La historia de las disputas e irregularidades se repite, pese a ello las autoridades del transporte se niegan aplicar el artículo 148 del Código Penal, que establece sanciones y cárcel a quien preste el servicio de transporte de pasajeros sin concesión. Sólo en oriente de la entidad se dice, extraoficialmente, hay 15 mil piratas.
Recientemente, Manuel Reyes, representante de la ruta 88, en Tlalmanalco, exigió al secretario del Transporte, Jaime Barrera, aplique el artículo 148, la causa porque han aumentado en 50 por ciento los carros piratas y con ello los asaltos a los usuarios.
La respuesta de las autoridades ha sido la misma, el silencio o cuando mucho una tibia actuación que no les cause molestias a los infractores.
Muertos y no retiran concesiones
Tiene razón el dirigente de la Canapat, Odilón López, en señalar que pese a todas las irregularidades no se ha retirado una sola concesión. Ahí está el caso del asesino serial de mujeres, “El Coqueto”, el dueño de ese microbus de la Ruta 2 es responsable de la contratación de su personal.
Otro más, el microbus de la Ruta 4 en Huixquilucan, el cual según las periciales el chofer tuvo la culpa al manejar a exceso de velocidad, lo que provocó se fuera a un barranco con un saldo de 10 personas muertas.
Uno más grave, en Chimalhuacán sólo hasta el año 2008, habían muerto 10 personas, entre ellos niños, bajo las ruedas de los camiones llamados chimecos, cuyo líder y propietario mayoritario es el priísta Jesús Soria Quesada.
De las sanciones no hay nada, los transportistas son impunes, nadie los toca porque representan dinero y votos.
Es urgente haya mano dura, que se revoquen las concesiones, así como la aplicación de la ley contra los choferes, dueños de las unidades y los malos funcionario del transporte que no cumplan con su trabajo, señaló Odilón.
Reiteró que representantes del sector, como Canapat y organizaciones civiles, cabildean en el Congreso local, una propuesta para que todos los micros, autobuses, taxis e incluso bici taxis, exhiban con letras grandes en su exterior el nombre del concesionario, el número de concesión y un número de teléfono para que los dueños se hagan “corresponsables” ante cualquier delito.
Se pronunció por un registro público del transporte, el cual pueda ser consultado por cualquiera e incluso vía internet, a fin de tener la certidumbre de quién es el prestador del servicio.
En breve, dijo, propondrán a los legisladores la creación de ese instrumento, el cual no se ha podido porque se oponen las mafias del transporte, las que han demostrado son intocables y cuentan con el apoyo de las autoridades.
alfredoibanezjuarez@yahoo.com.mx
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