Rafael H. Rivera
Hablar de Políticas Públicas y de Protección Civil pudiera parecer ocioso, sin embargo, en el manejo actual de la prevención de desastres no son sinónimos, incluso se antojan temas divorciados.
El concepto de Política Pública, según la Wikipedia, “son las respuestas que el Estado puede dar a demandas de la sociedad en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. En este sentido, está ligado directamente a la actividad del Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la Administración del Estado, centralizada o descentralizada. Involucra una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades”.
Por otro lado, la Ley General de Protección Civil establece que “Artículo 17. Los gobernadores de los estados, jefe de Gobierno del Distrito Federal, presidentes municipales y jefes delegacionales del Distrito Federal tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y la legislación local correspondiente. Igualmente, en cada uno de sus ámbitos, se asegurarán del correcto funcionamiento de los consejos y unidades de protección civil, promoviendo para que se constituyan, con un nivel no menor a Dirección General preferentemente y de acuerdo a la legislación aplicable, como organismos con autonomía administrativa, financiera, operativa y de gestión, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Secretaría del Ayuntamiento y Delegaciones, respectivamente…”
Con lo anterior deja de lado a la obligatoriedad o vinculación en términos de ley al resto de la administración pública federal, estatal y municipal, con lo que cada una de las secretarías, direcciones generales, organismos autónomos y desconcentrados, continúan con estructuras de Protección Civil bajo estructuras administrativas que las dejan en niveles de poco o nulo margen de acción, quedando supeditados, en el mejor de los casos a los niveles de dirección, y en la mayoría, bajo las estructuras administrativas o de seguridad.
El nivel administrativo, que cada titular le da a las oficinas de Protección Civil, indican en términos reales el manejo responsable que se le da al tema, dejando que la prevención recaiga en áreas de coordinación con mantenimiento, en otros con la seguridad de las instalaciones, unos mas con Seguridad e Higiene y cuando de plano no se les encuentra una justificación administrativa, simplemente, va cayendo en el olvido funcional, hasta que sucede alguna contingencia o en su caso, la realización de algún simulacro obligado por las autoridades.
Ya con estas consideraciones, la generación de Políticas Públicas parecieran dejar su responsabilidad únicamente en las estructuras dedicadas a la prevención de desastres y ahora a la gestión integral de riesgos, además de los legisladores.
No sólo se trata de dejar plasmado en papel, como se hizo en la presentación del proyecto de nueva Ley del Sistema de Protección Civil del DF por integrantes de la Asamblea Legislativa del DF, con un cuadro comparativo de los niveles administrativos de las oficinas de Protección Civil delegacionales, sino de dar una estructura viable para la operatividad de las Unidades o Coordinaciones respectivas, además de contemplar al resto de las unidades administrativas, con lo que se empezaría a dignificar esta actividad.
Al establecer por un lado en la administración pública una dignificación de la actividad relativa a la prevención de desastres, se estaría en disponibilidad de incidir en el mismo tema sobre la iniciativa privada y de ahí poder satisfacer la definición de Política Pública al menos como la “respuesta a las demandas de la sociedad, en forma de normas…”.
En concreto, se ha avanzado mucho en el tema de Protección Civil, al menos desde 1985 y definitivamente falta avanzar mucho aún más en la generación de normatividad de aplicación directa, ya que en casi 28 años, se sigue trabajando con normatividad supletoria.
Hay muchos pendientes en la generación de políticas públicas, al menos en Protección Civil, mismas que hasta la fecha se han centrado en el mejor de los casos a fomentar respuestas emergencistas y hasta hace poco tiempo a la inclusión de la prevención, además de que cada administración, se reinventa el fomento de la cultura en este tema.
Ejemplos de la falta de generación de políticas públicas en prevención los tenemos con las modificaciones recientes a la Ley General de Protección Civil, donde se incluye los Fenómenos Astronómicos como agentes perturbadores, en vez de hacer funcional y operacional la misma ley y su reglamento.
En el caso de la del DF, que fue impulsar una nueva Ley, antes de impulsar y hacer funcional el reglamento de la ley que se pretende sustituir, que por cierto nunca tuvo reglamento.
Ardua tarea que espera a los legisladores de nueva generación, así como a los funcionarios públicos y de manera corresponsable a los grupos de especialistas y a la sociedad en general para impulsar un enfoque diferente para abordar el mismo reclamo de tener una sociedad verdaderamente preparada para afrontar la adversidad y resiliente.
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