El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, ratificó que la fase de emergencia por el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi ha sido superada y continuará la fase de remediación ambiental, con lo que concluye su participación como coordinador de la Comisión Río Sonora, constituida por instrucción presidencial para atender la contingencia.
Acompañado por el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el titular de la STPS aseguró que la atención de la emergencia se llevó a cabo satisfactoriamente, ya que se garantizó el abasto de agua y el resarcimiento de los daños a los 25 mil sonorenses afectados de los 7 municipios de la región, por lo que gradualmente podrán regresar a la normalidad en sus actividades cotidianas y productivas.
“La fase de emergencia por el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi ha sido superada, por lo cual concluyó mi participación como coordinador de los trabajos de la Comisión Intersecretarial conformada por el Presidente de la República para este fin. Esta Comisión continuará desarrollando el plan de remediación ambiental a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de las autoridades de salud, garantizando que la vida de la población afectada regrese a la normalidad”, afirmó Navarrete Prida.
Subrayó que no existe posibilidad de un nuevo derrame porque la autoridad ambiental ha ordenado la clausura del proyecto “Ampliación de Terreros de Lixiviados Tinajas”, donde ocurrió el incidente y no permitirá su operación hasta en tanto no se cumplan las medidas de prevención ordenadas. Por otra parte, la empresa ha hecho públicos los proyectos que ha comenzado a desarrollar para perfeccionar las medidas de contención de posibles derrames en el futuro en algún otro represo.
En conferencia de prensa, reafirmó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios agotó las dos fases de muestreo y monitoreo de la calidad del agua y apuntó que determinaron de forma científica y comprobable que los 33 pozos de agua para uso y consumo humano se encuentran dentro de los parámetros y especificaciones de la norma, así como el estudio del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona que tampoco encontró contaminantes en el vital líquido.
“Los pozos cuya restricción ha sido levantada fueron puestos a disposición de las administraciones municipales. Al día de hoy se encuentran ya funcionando y conectados los 23 pozos más importantes que significan un suministro de agua al 90 por ciento de la población de los municipios afectados, y del 71 por ciento del abasto que existía en metros cúbicos hasta antes del derrame. Como una medida preventiva y suplementaria se ha continuado con el proceso de perforación, equipamiento y conexión de 13 nuevos pozos”, abundó.
Navarrete Prida indicó que actualmente continúan operando 72 pipas que han entregado más de 135 millones de litros de agua. De la misma forma, se encuentran trabajando 20 plantas potabilizadoras que han suministrado más de dos millones de litros de agua adicionales. Con el propósito de facilitar el adecuado e higiénico almacenamiento del agua suministrada, se han entregado 3 mil 989 tinacos de los cuales ya se instalaron 3 mil 422 en hogares y en escuelas.
En lo que respecta a la indemnización por daños, dijo que el Fideicomiso Río Sonora generó 37 pagos específicamente por afectaciones a la salud que ascienden a un poco más de 883 mil pesos, además de 13 mil 142 pagos para resarcir daños a productores agropecuarios, unidades económicas y pobladores por un importe de más de 433 millones de pesos.
Señaló que en atención a la contingencia, el Fideicomiso cubrirá parcial o totalmente los adeudos por consumo de energía eléctrica y al momento no han realizado corte alguno en el suministro de la misma.
Navarrete Prida detalló que se aplicaron recursos de programas federales para beneficiar a la población, destacando más de 3 mil 800 personas, incorporadas al programa de pensión para adultos mayores, más de mil 700 empleos temporales creados, más de mil seguros de vida para jefas de familia y 662 familias incorporadas al Programa de Inclusión Social (PROSPERA).
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