El porvenir para millones de jóvenes mexicanos de entre 16 y 26 años es la migración y con ella la integración al trabajo jornalero, en el que son explotados por las transnacionales y latifundistas en circunstancias inherentes a la nueva esclavitud e inclusive llevados hacia los márgenes con el narcotráfico, aseveró Carlos Humberto Durand Alcántara, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La situación extrema de vulnerabilidad de la que son víctimas los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en el país representa una de las principales tragedias humanitarias de la región, sostuvo el académico del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.
La crisis que padece el campo mexicano encuentra sus orígenes en los intereses que guían las corporaciones mundiales y que tienen en el gobierno un aliado principal del capital, refiere en su investigación, constituida por cuatro apartados: la hegemonía de los centros de poder en el campo mexicano; los derechos fundamentales; su concreción en la ruralidad mexicana, y la compulsión masiva de sectores sociales del agro en la migración en el escenario neoliberal.
El profesor dijo que las contradicciones sociales en que se desenvuelven campesinos, parceleros, ejidatarios, pequeños propietarios, indígenas y jornaleros forman parte de la política malthusiana que se gesta desde los grandes centros financieros.
En este contexto para los jóvenes migrantes los derechos humanos representan un simple discurso aleatorio y un formalismo jurídico. Las relaciones sociales en los procesos migratorios implican un marco profundo de violación de sus garantías individuales, que no obstante las reformas y las adiciones constitucionales en muchos casos concluyen en homicidios, secuestros, desapariciones, actos de violencia sexual y trata de personas, entre otros.
Este proceso compulsivo –en el que transitan entes que han perdido su dignidad humana– guarda en el fondo un patrón de violencia estructural instaurado por las grandes corporaciones, que en los hechos se traduce como un problema de despoblamiento de las zonas campesinas con el concomitante desconocimiento de las culturas y a la vez de nuevos repoblamientos.
Dicho proceso es por un lado de carácter marginal al corresponder a una nueva esclavitud en la que convergen miles de jornaleros que viven hacinados y, por otro, se desarrolla en los nuevos proyectos neoliberales ceñidos a los fines de los consorcios financieros, que en realidad gobiernan el planeta.
Además de la pérdida de la soberanía alimentaria se encuentra la ruptura de los modelos campesino-indígenas absorbidos por el proceso de expansión transnacional, la inserción de las transnacionales en los ámbitos petroleros en las regiones campesinas del país y la explotación de diversos recursos.
Detalló que el Estado mexicano tiene la obligación de promover los derechos fundamentales y para ello debe reconfigurar las políticas de desarrollo con el fin de evitar la migración forzada.
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