La organización ambientalista Greenpeace informó que por violar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados al otorgar permisos para la siembra de soya transgénica en fases comercial y piloto para los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán en 2012 (1), Alfonso Flores Ramírez, actual titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), será investigado por el Área de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, como exigió Greenpeace desde 2012.
Se dio a conocer que hace ya dos años, la organización ambientalista presentó ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Flores y otros servidores públicos por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Bioseguridad de OGM, al haber ignorado las opiniones técnicas vinculantes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que dictaminaron la inconveniencia de otorgar el permiso de liberación comercial de soya GM.
Posteriormente, el 7 de agosto de ese mismo año Greenpeace presentó otra denuncia en contra de Flores Ramírez por el otorgamiento del permiso de liberación piloto de soya GM bajo el mismo argumento. Ambas quejas quedaron registradas con el número de expediente 2012/SEMARNAT/DE10.
Finalmente, el Órgano Interno de Control de la Semarnat notificó a esta organización ambientalista -a través de un oficio con fecha del 10 de junio- que encontró “elementos probatorios suficientes que permiten presumir la existencia de presuntas irregularidades administrativas por parte de Alfonso Flores Ramírez” quien actualmente sigue siendo funcionario público en la misma DGIRA.
Al respecto, María Colín, asesora legal de Greenpeace México, dijo que “lo que hizo el funcionario de la Semarnat fue faltar a sus obligaciones al violar los principios de legalidad e imparcialidad que rigen el servicio público, por lo merece ser sancionado de manera ejemplar, Flores debe ser destituido de su puesto e inhabilitado en el servicio público”.
“Hasta ahora, la irresponsabilidad mediante violación de leyes con la que los funcionarios actúan en numerosas ocasiones al otorgar permisos sin considerar los impactos negativos, ha sido una práctica acompañada de la impunidad. Por ello esta investigación es fundamental y será muy útil para la defensa del medio ambiente que se lleve a cabo de manera que concluya en una sanción. Esto dejaría un precedente importante para que cualquier funcionario – en este caso de Semarnat- recuerde que su mandato es velar por el medio ambiente”.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos (art. 13) prevé sanciones que van desde la amonestación, la suspensión temporal del empleo, la destitución del puesto de plano, la inhabilitación temporal en el servicio público hasta por diez años cuando se cause daños o perjuicios a terceros.
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