POR: Rafael Cienfuegos Calderón
Igualar la política ambiental con los criterios que establecen los tratados internacionales suscritos por el gobierno para la protección de los recursos naturales y garantizar que los pueblos indígenas participen justa y equitativamente de los beneficios que se deriven de la utilización de la riqueza genética, es el propósito de la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que aprobó la Cámara de Diputados.
El dictamen enviado a la Cámara de Senadores reforma y adiciona los artículos 15 y 16 de la citada ley y argumenta que la protección del ambiente es esencial para la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras e indica que el reto radica en combinarla con un crecimiento económico de largo plazo.
Destaca que la política ambiental se funda en la creencia de que unas normas ambientales rigurosas estimulan las oportunidades de innovación y negocio. Además, existe una estrecha interrelación entre las políticas económicas, sociales y medioambientales.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela (PRI) calificó como necesario que las leyes secundarias se encuentren armonizadas con el contenido de los tratados internacionales, a fin de regular las conductas humanas que pueden influir en los procesos de interacción entre los sistemas de los organismos vivos y el aprovechamiento de los recursos naturales de sus ecosistemas.
Se manifestó por establecer criterios jurídicos que sean vinculantes para el cumplimiento de los acuerdos internacionales y así garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en la Constitución Política y en los tratados internacionales.
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