Una decena de activistas de Greenpeace depositaron ante la entrada de las oficinas de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) una abeja de papel maché, de casi dos metros de largo, representando un ejemplar sin vida.
Durante la particular protesta también colocaron cartelones con la leyenda “Cofepris responsable de autorizar plaguicidas en México” y se repartieron a los trabajadores y personas que pasaban por la zona cerca de 30 mil abejas reales ya sin vida, como un llamado de alerta sobre los impactos del uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en nuestro país debido a la falta de regulación. Dichas abejas muertas fueron recolectadas por apicultores de Mascota, Jalisco durante el periodo de aplicación de plaguicidas en los campos de cultivo.
Como resultado de la manifestación, representantes de Greenpeace fueron recibidos por miembros del equipo de normatividad, entre ellos el Coordinador Jurídico Consultivo de Cofepris, Carlos Jesús Yadir Lizardi Álvarez a quien se le habló de la urgencia de regular y prohibir de manera progresiva estas sustancias y quien se comprometió a gestionar que se establezca una mesa de trabajo intersecretarial, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos, Naturales y la Comisión Nacional del Agua, para atender las demandas de la organización.
“El colapso de las abejas a nivel mundial es solo un ejemplo de los múltiples impactos que están teniendo los plaguicidas en los ecosistemas. Las abejas son clave para la conservación de la biodiversidad, la polinización de cultivos para la alimentación, y fuente de trabajo para muchos apicultores. Es urgente tomar cartas en el asunto y demandar al gobierno apoyo a la investigación de sus causas pero sobre todo de las soluciones a la problemática. Es imperante que el gobierno mexicano impulse un cambio de política que permita la implementación de alternativas agroecológicas para el control de plagas”, indicó María Colín asesora legal de Greenpeace México.
“Estamos demandando a la Cofepris que haga su trabajo y genere tanto una definición de plaguicidas altamente peligrosos en nuestra legislación nacional, acorde a los estándares internacionales, como políticas para su regulación y progresiva prohibición. Su ausencia pone en peligro la salud de las personas y el medio ambiente sano, y se afectan otros derechos como el de la alimentación, acceso a la información, derechos de los consumidores y el derecho a participación en la planeación democrática”, agregó Colin.
Derivado de lo anterior no existe una política nacional en materia de PAP que atienda la tendencia internacional de su prohibición y eliminación debido a que se trata de productos que conllevan riesgos inaceptables a la salud y/o al medio ambiente. “Dada su extrema peligrosidad deben ser retirados del mercado de manera progresiva. La Cofepris -como autoridad encargada de regular estas sustancias- puede ayudarnos a lograrlo. En realidad es su deber ya que su razón de ser es la protección contra los riesgos sanitarios, y, por ende, la protección de la salud”, afirmó Colín.
Lamentablemente en México subsiste la posibilidad de contar con registros y permisos, así como continuar con la tramitación y emisión de autorizaciones para PAP, lo que compromete el goce efectivo de los derechos a la salud, a la alimentación y al medio ambiente sano. Todo lo anterior implica que el Estado mexicano, al no adoptar medidas ni destinar al máximo recursos para atender la materia de PAP de forma que las personas seamos protegidas ante los efectos de estas sustancias y poder gozar a cabalidad de los derechos humanos, contraviene lo estipulado en los artículos 2, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros .
Es por eso que Greenpeace demandó ante tribunales federales a la Cofepris así como a la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por violaciones a los derechos humanos al vulnerar su derecho a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación y acceso a la información (3).
Toda vez que Cofepris es la autoridad encargada de ejercer las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios incluyendo plaguicidas, Greenpeace le demanda lo siguiente:
Contar con una definición de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en las leyes mexicanas;
Generación de políticas nacionales para la gestión y manejo de los PAP;
Cancelación y/o revocación progresiva de permisos y autorizaciones otorgados para venta, importación y exportación de PAP;
Contar con una normatividad que establezca límites máximos permisibles de residuos (LMR) de plaguicidas en nuestros alimentos, particularmente de PAP para poder garantizar el consumo de alimentos no contaminados.
La organización ambientalista invitó a la ciudadanía a sumarse y llamar directamente a las oficinas de Cofepris al teléfono de Atención a la ciudadanía: 01 800 033 50 50 y apoyar estas peticiones. Asimismo a seguir apoyando la petición dirigida a Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, que se abastece de maíz mexicano, entre otros cultivos, para realizar la gama de productos de sus más de 20 marcas que vende en el país. La empresa también tiene una gran responsabilidad con sus consumidores sobre la forma en la que se cultiva su materia prima.
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