La recién aprobada Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México (CDMX) busca privilegiar intereses privados por encima del bienestar ciudadano y podría favorecer un nuevo caso de corrupción a favor de la empresa francesa Veolia, es la coincidencia a la que por separado llegaron la investigadora Elena Burns, representante de la organización civil Agua Para Todos y el coordinador de los diputados del partido político “Morena” ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, César Cravioto.
Se ejemplificó que dos de los más serios opositores a la nueva Planta de Termovalorización de la Ciudad de México y de la nueva Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Capital, concordaron en que la urgencia para aprobar ambos procesos de ley oculta serios intereses económicos a costa de las finanzas públicas de la ciudad e incluso del bienestar público de los capitalinos.
Cravioto indicó que “no tienen ningún interés en ayudarle a la gente, su interés está en dejar, antes de salir, negocios multimillonarios por 30 años a costa de la economía, del medio ambiente y de la salud de los capitalinos. Miguel Ángel Mancera –Jefe de Gobierno de la CDMX- quiere dejarnos el acto de corrupción más grande en la historia de la ciudad”.
A decir de la también coordinadora de Planeación del Centro para la Sustentabilidad CENTLI de la Universidad Autónoma Metropolitana, Elena Burns, son los intereses de las grandes empresas las que aceleraron la aprobación de la nueva ley de aguas, a fin de celebrar contratos antes de que entre en vigor la primera Constitución de la Ciudad de México, el año próximo.
“El principal objetivo de esta ley es firmar concesiones a largo plazo para la gestión del agua a favor de intereses privados, de modo que si el siguiente gobierno intenta cancelar los contratos, este tendría que pagar una indemnización y las empresas beneficiarias podrían acudir a los tribunales para defenderse y hacer valer los contratos”, señaló la investigadora.
A decir de la investigadora, el riesgo radica en que tanto Veolia como Suez, las dos empresas señaladas, mantienen un historial de quejas, abusos, altas tarifas y mal desempeño, lo que ha provocado su expulsión de distintos países.
Sin embargo, Veolia, a través de su filial Proactiva Medio Ambiente, parece ser la consentida del gobierno de la Ciudad de México, pues apenas en febrero de este año renovó contrato por 5 años más para mantenerse al frente de la Gestión del Sistema Comercial de agua.
Así, Proactiva Medio Ambiente es la responsable de operar y gestionar el sistema comercial de agua de la capital, incluidos los servicios de recaudación, cobranza, atención al público, lectura, mantenimiento e instalación de medidores, análisis de consumo, tratamiento y rehúso de aguas residuales, así como la facturación en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Más llamativo resulta que Veolia sea la empresa ganadora de la licitación pública para la Planta de Termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos, manzana de la discordia al interior de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde dicho proyecto provocó hace dos semanas la confrontación entre las bancadas de MORENA y el Partido de la Revolución Democrática.
El contrato ganado por Veolia para la Planta de Termovalorización se fijó por un mínimo de 33 años y pretende procesar las 13 mil toneladas de basura que la Ciudad produce diariamente y con ella generar energía suficiente para dar servicio a las 12 líneas del Metro, a cambio de una contraprestación por 2 mil 350 millones de pesos (130 millones de dólares) por año que el gobierno local pagaría a la empresa gala durante el tiempo que dure el contrato.
Más allá del alto costo que estarían obligadas a cubrir las siguientes administraciones de la capital, la Planta de Termovalorización ha levantado suspicacia pues en lugar de que el gobierno pague por el servicio de energía a la Comisión Federal de Electricidad, lo hará a una empresa privada.
En este sentido, Cravioto Romero explicó que en el caso de la Planta de Termovalorización, existen varios aspectos del contrato que van en contra del bienestar de la ciudad, comenzando por la obligación de mantenerlo vigente durante los siguientes 30 años, lo que impediría al Sistema de Transporte Colectivo Metro acceder a mejores formas de generación de energía.
Sin embargo, parece más grave que en el mismo contrato se prevea que la nueva Planta de Termovalorización estará eximida de afectaciones ambientales cuando alude a su operación; es decir, en caso de contingencia ambiental, la planta no suspendería operaciones y continuaría incinerando basura a pesar de que los capitalinos tengan que suspender el uso de sus autos o deban permanecer encerrados en sus casas.
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