La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer este 8 de enero la Recomendación No 82/2018 (1) dirigida a la Maestra Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); al Ingeniero Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); al Dr. José Alonso Novelo Baeza, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y al Dr. Javier Trujillo Arriaga, Director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) por la mala gestión de los plaguicidas en México, en particular aquellos clasificados como altamente peligrosos.
Durante más de un año, la CNDH examinó las evidencias aportadas por 43 quejosos, entre ellos la organización ambientalista Greenpeace México, dentro del expediente CNDH/6/2017/5373/Q denunciando diversas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales ante actos y omisiones en perjuicio de la población mexicana afectada por el uso y manejo de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP).
La CNDH expresó en su recomendación que “El marco legal y reglamentario en materia de plaguicidas vigente en México permite la comercialización y uso de sustancias de alta peligrosidad, que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar de forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente”.
La Comisión reitera que “las autoridades involucradas en la protección a la salud y el medio ambiente, por cuanto hace a la regulación del uso, manejo y distribución de plaguicidas y la vigilancia, no es adecuada para garantizar los derechos humanos en cuestión, pues el uso en nuestro país de sustancias toxicas y peligrosas que han sido prohibidas en otros países y que algunas de ellas se encuentran incluidas en tratados internacionales que restringen o prohíben su uso, ocasiona desequilibrio ecológico en detrimento de la protección a los derechos humanos”.
De las evidencias analizadas la CNDH reconoce que la SEMARNAT, la SADER, la COFEPRIS y el SENASICA han sido omisos en proteger y garantizar los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, al medio ambiente sano y a la salud de la población.
La Comisión señala que funcionarios adscritos a dichos organismos públicos han cometido violaciones a los artículos 1º párrafo tercero, 4º, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución federal; 6º, 7º fracciones I, III, IV, V, VII y VIII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras. Además, el Ombudsman nacional condenó el excesivo retraso en dar respuesta por parte de algunas de las autoridades denunciadas, así como el señalamiento de que los funcionarios de la entonces COFEPRIS aportaron información falsa e incluso contradictoria en sus respuestas, además haber
contravenido el principio precautorio fallando en sus obligaciones de proponer una política pública de carácter preventivo para la gestión de tales sustancias, de su retiro progresivo y de control de los efectos nocivos en la alimentación, el agua, el medio ambiente y en la salud, bajo el enfoque de ciclo de vida. Mientras, el SENASICA señaló en sus respuestas que “no cuenta con infraestructura humana y de recursos materiales para llevar a cabo directamente la verificación de calidad de los plaguicidas”.
Además de las recomendaciones que la CNDH emite (2) para cada una de las autoridades responsables, recomienda una serie de medidas de mitigación del daño ambiental existente y acciones de satisfacción y garantías de no repetición.
“Greenpeace se congratula de esta Recomendación; las autoridades responsables tendrán 15 días hábiles para aceptar las recomendaciones hechas por la CNDH y en caso de su rechazo o incumplimiento dentro de los plazos especificados se podría solicitar al Senado que cite a su comparecencia para que expliquen los motivos de su negativa o incumplimiento”, señaló María Colín, campañista legal de Greenpeace México.
“Confiamos que la postura de los funcionarios de este nuevo Gobierno federal será acatarlas íntegramente en aras a respetar los derechos humanos de la población y en defensa del interés público”, señaló Colín.
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