La Secretaría de Medio Ambiente reconoce el reclamo de los ciudadanos por el derrame de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi por la minera Grupo México.
Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados. La Secretaría reafirma su compromiso de trabajar para resolver lo que le corresponde estableciendo un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y el Grupo México.
En este sentido, la Secretaría informa sobre los avances para dar atención a las demandas de las comunidades. Desde el año pasado, la dependencia federal ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de la pasada administración.
En lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas de varios de los municipios con respecto al manejo del Fideicomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de lo que emita el Juez de Distrito para dar cabal cumplimiento, por lo cual en estos meses el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que será de mucha ayuda para dar celeridad a los procedimientos.
La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México.
Con respecto al derrame, la Profepa realizó una visita del 5 al 9 de agosto del año pasado para supervisar la contaminación de los suelos, en la que encontró que se rebasaron límites relativos a la presencia de metales.
Esto dio lugar al emplazamiento y notificación a la empresa el 9 de diciembre de 2019 para que realizara diversas medidas tendientes a la remediación del sitio y del posible daño causado con un plazo de vencimiento al 20 de julio de este año.
Debido a la situación de salubridad que se presentó por la pandemia, se suspendieron los términos y plazos, en los procedimientos administrativos; sin embargo, con base en la reanudación de plazos, la empresa debe cumplir con la totalidad de las medidas ordenadas a más tardar en el mes de octubre.
En lo que se refiere al Proyecto “Nueva Presa de Jales”, en cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Secretaría realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, los días 5 de junio y 6 de septiembre del 2019 y el 25 de enero del presente año. Asistieron más de 300 personas, entre las cuales estaban las que recibieron el amparo, población de la propia comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del Río Sonora.
Como resultado de estos acercamientos, además de brindar información amplia y accesible a la comunidad sobre el análisis técnico y la normativa para otorgar la autorización, también se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa. El Acta circunstanciada fue entrada la Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución.
La comunidad también solicitó que la Profepa realizara una inspección para verificar el cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización del Informe Preventivo y que la Conagua presentara un informe sobre los pozos concesionados en la zona y la calidad del agua. Ambas solicitudes fueron debidamente atendidas por estos organismos del sector ambiental. En estos diálogos con la comunidad de Bacanuchi también se expresó la necesidad de mejorar el camino de acceso a la comunidad, ya que se encuentra en muy malas condiciones, y que se restablezca el funcionamiento de la planta potabilizadora, gestiones en las que ha estado apoyando la dependencia.
En la visita de inspección realizada por la Profepa entre el 19 al 23 de agosto del 2019 se observaron presuntas irregularidades que consisten de manera general en la falta de información relativa a la obra y de la realización de diversas acciones, las cuales se hicieron del conocimiento de la empresa. Además, se establecieron medidas correctivas que deberían cumplirse en marzo de 2020, pero debido a la contingencia sanitaria se suspendieron términos y plazo, por lo que será en la segunda semana de agosto de 2020 que se realizarán las visitas tendientes a revisar el cumplimiento.
Finalmente, con respecto al derrame de ácido sulfúrico, ocurrido el 9 de julio del 2019, que motivó la clausura parcial de la empresa Mexicana de Cobre S.A. de C.V., y ante lo cual interpuso un amparo, la Profepa informó que el juicio no se ha resuelto porque se encuentra pendiente el desahogo de pruebas periciales de ingeniería civil y topografía.
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