La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, se comprometió a construir un Plan Nacional de Accesibilidad, que propicie políticas públicas en la planeación de metrópolis incluyentes, seguras, resilientes y sustentables, ello lo expreso ante organizaciones ciudadanas, esto al efectuarse el primerencuentro «Diálogos por el Derecho a la Ciudad».
Robles Berlanga, dijo que para cumplir este compromiso, incluso podría darse una reforma Constitucional, a fin de que los municipios participen como primera instancia en la transformación de las ciudades en espacios incluyentes.
Mencionó que este evento, funcionará como instancia de consulta pública -explicó- para tejer una retroalimentación permanente con la sociedad, a fin de fortalecer el tejido social e impulsar los procesos de organización civil.
Luego de escuchar los planteamientos, comentarios, sugerencias, peticiones, quejas, experiencias y demás, la funcionario federal asumió los primeros compromisos que incluyen propuestas como: la redacción, con el aval de la sociedad, de este Plan Nacional de Accesibilidad; el vigilar e incentivar que los desarrolladores construyan vivienda con visión de futuro, es decir que atienda a personas de edad avanzada o con alguna discapacidad; y que los subsidios y financiamiento en el sector de desarrolladores de vivienda, premien a quienes faciliten la movilidad y la accesibilidad.
La funcionaria admitió que hacen falta reformas legales y dijo que no se descartaría una actualización al Artículo 115 Constitucional que refiere las facultades de los municipios, a fin de incorporarlos al trabajo de planeación y a la construcción de espacios incluyentes, accesibles y ordenados.
Los representantes de las organizaciones civiles pidieron que la inclusión y la accesibilidad se vean desde la Federación, con una visión transversal, porque «si no hay accesibilidad, no se puede ejercer ningún otro derecho, como la educación, la salud, la cultura», comentó, en su oportunidad, Tayde Buenfil, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Por su parte, Laura Bermejo, de la Asociación de Libre Acceso, refirió que el buen juez por su casa empieza y el gobierno federal requiere construir rutas accesibles para que los ciudadanos puedan llegar a las oficinas de los secretarios de estado o funcionarios públicos responsables de los programas sociales.
En México, de acuerdo a los números que manejan las organizaciones civiles, existen 15 millones de personas con una discapacidad física o intelectual.
En comunicado de prensa, la secretaria de Desarrollo Agrario, al escuchar las demandas de las organizaciones, asumió el compromiso para que desde la SEDATU, se acelere el trabajo de esa visión transversal, que implica atender el desarrollo urbano, las comunicaciones, el hábitat como un todo.
Informó que la primera instrucción que dio al asumir la titularidad de la dependencia es contar con todas las Reglas de Operación accesibles en Braille y en 14 lenguas indígenas, como parte de esta política de inclusión.
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