PEPE CAMARA
El Senado de la República reformó y adicionó diversas leyes en materia ambiental con lo que, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tendrá la capacidad de actualizar y hacer más eficaz el procedimiento de inspección ambiental federal.
Los votos que dieron luz verde al dictamen correspondiente sumaron 77, y además de otorgar más facultades a la Profepa, le permite incorporar al procedimiento administrativo, las actuaciones realizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que posibilita una efectiva actuación frente a las infracciones, daños y deterioros ambientales que se presentan en todo el país.
Sé regularán, no solo los actos de inspección, sino también los de vigilancia ambiental, verificación de resolutivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como actos de investigación técnica, cuyo propósito es conducir la actuación de la Profepa hacia la investigación técnica y científica.
Otros aspectos relevantes de la nuevas responsabilidades de la dependencia encargada de velar por el mejoramiento del medio ambiente, es crear un procedimiento de inspección federal único, derogando normas procedimentales hoy dispersas en las diversas leyes ambientales federales, situación que ocasiona falta de certeza jurídica para los gobernados, dificultad en su aplicación y le disminuye su eficacia.
El nuevo procedimiento ayudará a regular de manera más precisa los alcances del contenido de las actas de inspección, las facultades de coadyuvancia de los denunciantes populares, así como de todos los actos administrativos, incluyendo la resolución sancionatoria en la que se impondrá la obligación de reparación y compensación ambiental del daño.
La Asamblea aprobó, asimismo, que la Profepa y las autoridades administrativas facultadas para inspeccionar, garanticen a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el respeto de sus derechos, prerrogativas lingüísticas, usos y costumbres reconocidas por la Constitución.
Senadores de todos los grupos políticos que intervinieron en la sesión, encabezados por la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, Silvia Garza Galván, coincidieron en ponderar los beneficios de las reformas, destacando que representan un cambio sustancial, ya que establecen mayor seguridad jurídica para los actores involucrados en las acciones de inspección: autoridades, denunciantes, ciudadanos y empresas.
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