La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) multó a la empresa Química Central de México, ubicada en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, por más de 33 millones de pesos por el inadecuado manejo de casi 300 mil toneladas de residuos peligrosos que generaron durante su operación y que aún se encuentran almacenados en sus instalaciones.
Además de la multa impuesta a Química Central de México, a través de la resolución administrativa emitida el día 18 de mayo de 2017 y que fue notificada a la empresa el día 19 de mayo, se reiteró la clausura que esta autoridad federal le había impuesto el 3 de septiembre de 2015 como medida de seguridad.
La medida de seguridad impuesta por la PROFEPA prevalecerá hasta en tanto la empresa Química Central de México, que operaba en San Francisco del Rincón, Guanajuato, cumpla con las medidas técnicas correctivas que se le ordenaron desde septiembre de 2015.
Lo anterior obliga al retiro y el envío de los residuos peligrosos que se encuentran depositados en sus instalaciones, a sitios autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su tratamiento o disposición final.
Con el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas por la PROFEPA se evitará que existan daños al ambiente y a la salud pública en el Municipio de San Francisco del Rincón.
Con estas acciones la PROFEPA refrenda su compromiso con el Estado de Guanajuato y en especial con la población de San Francisco del Rincón, refrendando su propósito principal de hacer efectivo el acceso a la justicia ambiental, por lo seguirá dando seguimiento a las acciones administrativas y judiciales que se han emprendido para que Química Central de México responda por sus obligaciones ambientales.
La empresa deberá responsabilizarse por los daños ambientales que ha provocado y que sigue ocasionando por el manejo inadecuado de sus residuos peligrosos, que ha dejado abandonados.
Cabe señalar que estas acciones se están realizando siempre en el ámbito de las facultades administrativas con las que cuenta la PROFEPA, así como acompañadas con la presentación de una denuncia penal y una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) a las que se da seguimiento puntual.
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