Organizaciones de la sociedad civil hacen un atento llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, para que prioricen la implementación de proyectos de generación de energía renovable para garantizar el abasto frente a la creciente demanda de energía que requiere la entidad, protegiendo el derecho humano a un medio ambiente sano de sus habitantes.
Ante la crisis energética que enfrenta Baja California Sur (BCS), la cual causó varios apagones en el estado durante el 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene contemplada la instalación de cuatro proyectos de generación de energía con combustibles fósiles en la entidad, entre ellos la posible instalación de una barcaza, ésta consiste en una plataforma flotante con una terminal de generación de energía, que podría ser alimentada por gas o combustóleo.
Al respecto, dichas organizaciones lanzan un llamado para que los proyectos destinados a atender la demanda de generación de energía en la entidad sean a partir de energías renovables, se apeguen estrictamente a la normatividad ambiental y respeten los derechos humanos de las comunidades en donde pretendan instalarse.
«El Gobierno Federal conoce el gran potencial que tenemos en el estado de Baja California Sur para desarrollar proyectos de energía renovable y lograr la transición energética invirtiendo solamente en tecnología de punta que sea flexible hacia esta transición. Aprovechemos el no estar conectados a la red nacional, y posicionémonos como un laboratorio de buenas prácticas, ejemplar para el resto del país. Actualmente la calidad del aire en nuestra región se ha deteriorado considerablemente en los últimos años, encontrando en los monitoreos concentraciones de dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) en el aire por encima de los límites máximos permisibles, en varias zonas de la capital del estado.» comentó Lucía Frausto, Directora del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, A.C.
Así mismo, los últimos resultados de monitoreos ciudadanos han arrojado la presencia de partículas ultrafinas PM10 y PM 2.5, así como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y carbono negro; este último es uno de los contaminantes que más contribuyen al calentamiento global. Sobre este punto, cabe recordar también que México ha suscrito compromisos internacionales de mitigación en materia de Gases Efecto Invernadero (GEI), en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y tiene establecidas metas de reducción en el corto plazo. La ciudad de La Paz tiene una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático según las estadísticas del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático.
La promoción de proyectos como la barcaza, no sólo contraviene los objetivos de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y de la Ley de Transición Energética, sino que llevaría a México al incumplimiento del Acuerdo de París, en el cual está comprometido a reducir sus emisiones de GEI en un 30% al 2020 y 50% al 2050. Seguir dependiendo de combustibles fósiles para la generación de energía, nos coloca en sentido contrario respecto de los esfuerzos de la comunidad internacional ante el crisis climática, los cuales se orientan hacia transitar a economías bajas en carbono.
Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), señaló que: «Nos encontramos en un momento determinante para Baja California Sur, en el que estas decisiones pueden cambiar de manera definitiva su futuro. Frente a la crisis climática que se enfrenta a nivel mundial, el aumento de la temperatura ocasionará una mayor demanda energética, sobretodo en regiones cálidas como BCS.» Ello, agregó- «nos obliga a buscar soluciones sustentables, limpias, ambientalmente amigables que contribuyan a mejorar la calidad del aire y a mitigar las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), en beneficio de los sudcalifornianos, de México y del planeta».
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