El agua proveniente de la tubería de descarga del complejo Pajaritos de la firma Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), operada por mexicana Mexichem en asociación con Pemex, contiene al menos 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos algunos considerados de alto riesgo para el ambiente y la salud de las personas al ser catalogados como posibles cancerígenos. Estas sustancias prácticamente carecen de regulación en México y fueron encontradas en concentraciones superiores a lo permitido por la normatividad de Estados Unidos.
Ello fue denunciado por la organización ambientalista Greenpeace, que detalló que a dos meses de la explosión registrada en la planta Clorados III de dicho complejo petroquímico y que cobró la vida de al menos 32 personas y dejó cientos de heridos, la organización ambientalista Greenpeace presentó los resultados del análisis de las muestras de agua y suelo recolectadas durante los días 23 y 24 de abril de 2016 en la zona con el propósito de buscar sustancias químicas peligrosas.
De las 10 muestras tomadas, la que arrojó resultados más alarmantes de presencia de tóxicos es precisamente la del agua proveniente de Pajaritos. Se encontraron etenos clorados, etanos clorados, y metanos clorados así como bencenos clorados. Además, contiene una amplia gama de químicos orgánicos semivolátiles.
De las distintas sustancias, el químico más predominante es el Dicloruro de Etileno (EDC, por sus siglas en inglés), sustancia catalogada como posible cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y los servicios de salud de los Estados Unidos. Las concentraciones halladas de EDC superan de 10 a 28 veces los límites que establece Estados Unidos respecto a las aguas residuales que vierte el sector de los plásticos.
Miguel Rivas responsable de Greenpeace México del área científica en esta investigación, dijo que “la sola presencia en esas cantidades de EDC constituye una revelación alarmante de este estudio ya que su inhalación o ingestión puede afectar el sistema nervioso central, al hígado, los riñones, los pulmones y al sistema cardiovascular en los seres humanos. Además, la producción de EDC comúnmente resulta en la generación de residuos de destilación de tóxicos clorados, que son llamados residuos pesados y se encuentran contaminados con policlorados, dioxinas y furanos. Lo más grave es que ni Pemex ni Mexichem estén obligados a medir y reportar la descarga de estas sustancias”.
Añadió que “si esos químicos peligrosos que encontramos provienen de la explosión estamos hablando de que es gravísimo que Pemex y Mexichem hayan expuesto así a la población y al medio ambiente”.
Tras la explosión, Greenpeace México presentó diversas solicitudes de información dirigidas a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), preguntando entre otros puntos si se han tomado muestras representativas de agua, aire y suelo en la zona del complejo petroquímico posterior a la explosión en la zona ya mencionada y si así fuera se solicitaron los reportes de las muestras, el plan de monitoreo dentro y fuera de las instalaciones donde se suscitó la explosión, en el suelo, agua, aire, en los trabajadores, personas que atendieron el accidente y la población vecina.
Pemex dijo no contar con información respecto al tipo de sustancias que opera en el complejo. Semarnat dijo que no era su competencia, mientras Cofepris y Profepa solicitaron prórroga para responder, la cual vence mañana. Esperamos cumplan con su palabra.
Greenpeace México exige acciones claras y contundentes en el corto y mediano plazo hacia el gobierno federal, Pemex y Mexichem.
En el corto plazo Greenpeace México demanda sanciones ejemplares contra la paraestatal y Mexichem debido a las lamentables pérdidas humanas y a los graves daños causados a la comunidad y al medio ambiente, así como a quien resulte responsable de la verificación del funcionamiento de esta planta.
Exigimos al gobierno federal y a PMV dar a conocer ya el plan de remediación y estudios pertinentes para conocer qué sucedió, qué impacto tendrá en el entorno, de qué forma se reparará el daño a todas las víctimas.
En nombre del derecho a la información. PMV debe informar a la sociedad cuáles son las sustancias que maneja en sus instalaciones, cuáles fueron liberadas durante la explosión y cuáles y en qué cantidad están descargando cotidianamente en tierra, agua y aire.
Urge que el gobierno mexicano establezca una legislación robusta y equiparable al nivel de Estados Unidos, Canadá y Europa para el uso y manejo de sustancias químicas.
El actual Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC) lleva ya tres años de retraso. Exigimos que el gobierno federal lo actualice e imponga sanciones ante la falta de cumplimiento. De esta forma podremos saber qué sustancias tóxicas han estado desechando Pemex y Mexichem al medio ambiente.
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