Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos a título personal enviaron el pasado 17 de noviembre una carta al canciller Luis Videgaray y a Rafael Pacchiano, titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), manifestando su preocupación por la postura oficial que México ha mantenido en el proceso de negociación del Acuerdo Regional para América Latina y El Caribe sobre el Principio 10 de la Declaración de Río: Derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en material ambiental.
A unos días de que se lleve a cabo una nueva reunión de trabajo del Comité de Negociación, la cual tendrá lugar del 27 de noviembre al 1 de diciembre en Santiago de Chile, veinticuatro organizaciones externaron su sorpresa por el hecho de que -a diferencia de la mayoría de los países miembros-, México no apoye que el instrumento jurídico sea vinculante, pues si bien no se ha manifestado en contra del mismo, tampoco ha sido promotor de que el acuerdo tenga dicha característica.
El Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo señala que «el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados, en el nivel que les corresponda.» Busca asegurar que personas y comunidades puedan hacer efectivos sus derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia, para poder garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
Un instrumento jurídico vinculante permitiría a la región contar con una herramienta eficaz para fortalecer otros derechos vigentes, sin dejar de respetar las normativas nacionales.
Consideraron también que, si bien nuestro país ha realizado avances sobre el acceso a la información, en la práctica este tema aún deja mucho que desear, como lo demuestra precisamente la falta de apertura de la información por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a las solicitudes de información pública que se le han hecho llegar para conocer la postura de la Delegación mexicana en torno a sus propuestas para los temas de la negociación.
En la misiva se reconoce que México es un referente a nivel mundial en temas de desarrollo institucional sobre transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Sin embargo, -se indica- «no contamos con leyes que garanticen y regulen la participación tal cual lo promueve el Principio 10. Lo anterior podría alcanzarse con la consolidación de un acuerdo vinculante, de tal manera que nos encontramos en el momento idóneo de ejercer el liderazgo y trabajar para tal fin.»
Entre los temas que se negociarán en la próxima reunión del Principio 10 se encuentran el reconocimiento y el mayor goce de los derechos de acceso en materia ambiental; la definición de reglas sobre la gobernanza ambiental y los recursos naturales; mejorar la normativa sobre la Evaluación de Impacto Ambiental para ampliar la participación ciudadana y de comunidades afectadas; regionalizar la posibilidad de que cualquiera con interés legítimo pueda reclamar a través de las vías judiciales una violación a la normativa ambiental; crear mecanismos nacionales e internacionales para exigir los derechos de acceso en materia ambiental; y cumplimentar otros acuerdos internacionales como el Acuerdo de París sobre cambio climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las organizaciones y personas firmantes de la carta solicitan a la SRE «demostrar en los hechos que México es un país líder en respetar, promover, consolidar y garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental», por lo que confían en que «la Delegación mexicana asumirá este rol en la próxima reunión a realizarse sobre este tema.
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