Organizaciones civiles y vecinos de la delegación Benito Juárez, en el surcentro de la Ciudad de México, presentaron denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) para que se investigue el impacto ambiental de las obras del deprimido vial en Mixcoac, que estiman realiza violaciones a la normatividad ambiental vigente y la tala de 150 árboles.
Las organizaciones que realizan dicha denuncia son la Asociación Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Conciencia y Dignidad A.C., Vive BJ A.C., AnimaNaturalis, Vecinos del Parque Hundido A.C., Organi-k A.C., y Residentes de Actipan y Residentes de Insurgentes Mixcoac.
Que solicitaron a la PROFEPA y a la PAOT, se realice una Verificación Técnico-administrativa para determinar si el Dictamen de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal para el proyecto de obra pública denominado “Fase 2 Deprimido Vehicular Insurgentes Mixcoac”, se otorgó conforme a lo que establece la legislación y las normas ambientales.
También piden a ambas Procuradurías que se verifique si lo avalado, garantiza el menor daño posible al ambiente y al equilibrio ecológico de la Ciudad de México.
Adicionalmente solicitan que se formule un Dictamen Técnico, en virtud de los daños y perjuicios ocasionados, al medio ambiente y al ecosistema, que determinen si el derribo de 150 árboles se encuentra justificado o si se pudo haber evitado con la modificación del proyecto.
Al respecto, Xiuh Tenorio, presidente de Vive BJ, informó que solicitarán investigar si los hechos denunciados, constituyen delitos ambientales federales y en su caso se dé vista al Ministerio Público de la Federación, así como para que se determinen las medidas que en derecho correspondan, para aminorar y detener el daño ambiental ocasionado.
En la denuncia se plantea que la obra del deprimido está vinculada a los proyectos denominados “Torre Mítikah” y “Torre Manacar” en un proyecto común, que hace cuestionable el interés público y la necesidad real de llevar a cabo una obra pública de esta naturaleza.
Además se revela que en tan sólo 27 días, tiempo récord, se obtuvo una autorización de la Secretaría del Medio Ambiente para la obra, que no hubo retroalimentación entre las autoridades ambientales y el responsable de la obra y que tampoco hubo consulta vecinal, violando claramente los estipulado en la ley ambiental y de protección a la tierra del DF.
Estas afectaciones podrán traducirse en la escasez del suministro de agua potable, congestionamientos viales, generación de emisiones de monóxido de carbono por el conglomerado de vehículos que se pretende ingresar a ese cuadro geográfico, retiro de señalamientos viales y alumbrado público, tala de árboles, demolición de guarniciones y banquetas, excavaciones, generación de residuos sólidos, ruido, degeneración de las áreas naturales y afectación al ecosistema de la zona, dice la denuncia.
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