Representantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, que ha sumado a más de 200 organizaciones y cientos de personas que se oponen a esta legislación, advirtieron que el diputado Arturo Álvarez Angli, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados (Comarnat), busca aprobar la Ley General de Biodiversidad (LGB) de forma ilegal.
Octavio Klimek denunció que “los legisladores del PVEM y del PRI han despreciado la oposición fundamentada y legítima de organizaciones sociales, académicos, expertos y agencias gubernamentales”.
Tanto la Conabio en voz de su titular José Sarukhán, como la Sagarpa, opinaron en contra de esta iniciativa. En la propia Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Indígenas y la Comisión de Cambio Climático se pronunciaron en contra de la misma. La presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado, Silvia Garza, se pronunció por una mayor apertura en la discusión y por la inclusión de todas las voces interesadas. Por su parte, las fracciones parlamentarias de Morena y el PRD presentaron una inconformidad en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados el 22 de marzo, mientras que la bancada del PAN también planteó hacer cambios a la minuta de la ley al considerar que “es incompatible con la protección del medio ambiente”. Asimismo, el pasado 27 de marzo el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a que la LGB sea sometida a un verdadero proceso de consulta con los pueblos y comunidades.
Adelita San Vicente señaló que “el pasado 22 de marzo, las y los integrantes del PVEM y del PRI en la Comarnat, presididos por el Diputado Arturo Álvarez Angli, pretendieron simular la “aprobación” del proyecto de la Ley General de Biodiversidad durante una reunión que no cumplió con el quórum necesario, se realizó a puerta cerrada, sin grabación de la misma y pasando por alto el tiempo reglamentario de 30 minutos para integrar el mencionado quórum.” A dicha reunión sólo asistieron 15 legisladores cuando se requieren 16 presentes -o sea, la mitad de los 30 integrantes más uno-, para cumplir con el reglamento de la Cámara. Participaron, además del Presidente, los diputados Ignacio Pichardo, Andrés Aguirre, Rubí Cardoso, Alberto Mata, Juan Antonio Meléndez, Elizabeth Ramírez, Ariel Burgos Ochoa, Perla Pérez Reyes, Miguel Ramírez, Vanessa Ruíz, Miguel Sulub Caamal y Yarith Tannos Cruz del PRI, y Alma Lucía Arzaluz Alonso y Octavio Herrera Borunda, del PVEM.
La Comarnat busca aprobar ilegalmente la minuta de la LGB, sin haber dado respuesta a la petición formal realizada por la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales (MOCAF) para que se someta a Consulta con las Comunidades y Pueblos Indígenas y Comunidades equiparables que serían directamente afectadas por esta medida legislativa.
Gustavo Sánchez explicó que “se trata de una situación similar a la que actualmente se desarrolla en la discusión de la Minuta de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, también impulsada por el Partido Verde, la cual se encuentra en revisión por parte del Senado de la República como cámara revisora y en cuyo proceso los diputados y senadores promoventes se han negado sistemáticamente a abrir un proceso amplio de participación social y a convocar una consulta dirigida a Pueblos y Comunidades indígenas y comunidades equiparables, a pesar de que en México la mayoría de los bosques se encuentran en las tierras de este sector de la población.”
Oscar Vélez señaló que “se trata de una ley regresiva, pues al abrogar la Ley General de Vida Silvestre, la LGB afectará décadas de esfuerzos para proteger especies como las tortugas marinas, dejando ‘a discreción’ el aprovechamiento de especies en riesgo y permitiendo la legal posesión de especies silvestres como ‘mascotas’, lo que contraviene a la conservación de la biodiversidad.”
Carlos Ávila Bello recordó que la LGB fue originalmente impulsada por la Senadora Ninfa Salinas, quien representa intereses particulares de industrias como la farmacéutica, de alimentos y bebidas, cosmética y de biotecnología industrial. “La Iniciativa es inconstitucional desde su fundamentación y permite el patentamiento de genes, plantas alimenticias y medicinales, cosméticos y del conocimiento indígena que los ha preservado por siglos”.
David Ruiz de la Red Nacional Indígena añadió “la LGB pasa por alto el Artículo Segundo Constitucional, referente a los derechos de Pueblos y Comunidades indígenas y Comunidades equiparables, y viola derechos humanos básicos entre ellos al uso y disfrute de la biodiversidad, al medio ambiente sano, a la participación, y a la alimentación. La Consulta debe realizarse en los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades rurales, con una convocatoria amplia, incluyente, en sus lenguas, y abierta a toda la sociedad. Sin claridad en las propuestas recogidas ni el criterio con el que las observaciones son incorporadas o dejadas fuera, no puede considerarse un ejercicio válido.”
La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad ha concitado el apoyo de diversos movimientos regionales en los estados de Coahuila, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Puebla y Veracruz, de la red El Grito más Fuerte, de artistas como Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez y Rubén Albarrán, así como Elena Poniatowska y Sergio Aguayo, además de diversas voces campesinas y ciudadanas. Incluso el chef Enrique Olvera tuiteó el pasado fin de semana: ”Faltan diversidad de voces en la ley de Biodiversidad”.
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