De acuerdo a diversas organizaciones ambientalistas, las propuestas hechas recientemente por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a cargo de David Korenfeld, ante la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados establecen un manejo diferenciado sobre los recursos hídricos del país y se contraponen con el precepto constitucional de garantizar el Derecho Humano para el acceso al Agua y al Saneamiento.
Denunció la Iniciativa Ciudadana “Agua Para Todos, Agua Para La Vida”, que señaló que México es un país con una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y que esto acentúa los altos contrastes en cuanto a disponibilidad de agua a lo largo de su territorio, los planteamientos de CONAGUA conllevan una serie de riesgos para la población mexicana, pues apuestan a la “privatización” fáctica de los recursos hídricos del país:
Conservar la actual Ley de Aguas Nacionales: Esto representa continuar con el grave sobreconcesionamiento de más de 130 acuíferos, así como el acaparamiento y marginación hídrica. Se añadirían dos capítulos para permitir la fracturación hidráulica y la geotermia, sin evaluaciones de impacto ambiental.
Puntos de interés: a) el puesto de Director General de la Conagua sería transexenal; b) se concesionarían trasvases a particulares; c) el derecho humano al agua podría limitarse por razones de “interés social, orden público o seguridad nacional”.
Se modificaría la NOM-011: que determina la disponibilidad del agua, para permitir el aprovechamiento de acuíferos ultraprofundos bajo zonas vedadas, y acuíferos costeros para desalinizadores. Ambas prácticas ponen en riesgo la integridad de los sistemas acuíferos proveedores del derecho humano al agua.
Al respecto, Elena Burns, de Centro para la Sustentabilidad CENTLI/UA, dijo que “con este enfoque se conservaría el sistema de concesiones (transferibles), que ha fomentado megaproyectos de corte privatizador para proveer agua a grandes ciudades, así como para dar tratamiento a las aguas salientes, manteniendo el enfoque de negocio por encima del Derecho Humano”.
Frente a la propuesta de CONAGUA, la Iniciativa Ciudadana “Agua Para Todos, Agua Para La Vida” elaboró 12 preguntas dirigidas a las autoridades mexicanas -con el consenso de más de 450 investigadores y organizaciones de la sociedad civil de 27 estados de la República- a fin de respaldar su iniciativa para la presentación de una Ley General de Aguas:
¿Cómo garantizar un papel real para la ciudadanía en la consecución del acceso sustentable y equitativo al agua, como dicta la Constitución?
¿Cómo rediseñar el sistema de concesiones, para poner fin a la actual crisis de sobreconcesionamiento e inequidad?
¿Cómo garantizar la restauración y manejo sustentable de las cuencas y los acuíferos, única fuente segura de agua de calidad para las generaciones actuales y futuras?
¿Cómo garantizar que las obras hidráulicas autorizadas sean las que tengan menores costos y mayores beneficios sociales, hídricos y ambientales?
¿Cómo garantizar de manera efectiva y exigible el derecho humano al agua de las poblaciones rurales y urbanas marginadas del país, y aprovechar la larga historia de manejo comunitario?
¿Cómo lograr que el agua sea gestionada para dar sustento prioritariamente a la vida, ante la presencia de fuertes presiones por sujetar su manejo a la lógica del lucro?
¿Cómo superar las crisis de eficacia, transparencia y credibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento?
¿Cómo lograr que la poca agua potable con la cual contamos se dedique a las necesidades humanas básicas, a pesar de que otros usos y usuarios estén dispuestos a pagar mucho más por el recurso?
¿Cómo frenar la sobreurbanización de las cuencas en grave crisis hídrica, hasta que puedan resolver sus problemáticas (inundaciones, grietas, hundimientos, falta de disponibilidad)?
¿Qué políticas fiscales nos permitirían avanzar en el cumplimiento con el derecho humano al agua?
¿Cómo prevenir la realización de proyectos que resultarían en daños graves e irreversibles a las cuencas y los acuíferos (como son minería, fracking, contaminación agrícola e industrial, eliminación y disposición de sustancias tóxicas o radiactivas)?
¿Cómo lograr sistemas efectivos de vigilancia, inspección, contraloría y defensoría, y poner fin a la actual crisis de impunidad hídrico-ambiental?
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