Ante la necesidad de contar con un desarrollo humano con sustentabilidad urbana que lleve a actuar e implementar políticas en agua, aire, cultura, participación social, seguridad, alimentación, convivencia humana, transporte, etc., es imperativo que autoridades estatales, nacionales e internacionales impulsen un urbanismo incluyente en todos los aspectos, situación que no se presenta en Latinoamérica.
A este respecto, Alan Grimard, representante de la Oficina Regional para América Latina, dijo que la población mundial tiene una tendencia al urbanismo de forma irreversible y que la mayoría de los gobiernos no está preparada para dar los requerimientos adecuados a los 2 mil millones de personas que se ubican en cinturones de pobreza en las ciudades del mundo, fomentando la exclusión social, insustentabilidad e inseguridad.
Declaró que en las últimas décadas se ha incrementado del 50 al 70 por ciento la presencia de la población en las ciudades y la falta de recursos en políticas urbanas provoca que millones de personas estén en peligro, ya que son presa fácil del crimen y violencia que fomentan la exclusión social que deriva en pérdida de zonas naturales.
“Esto es una realidad que tiene grandes impactos que requiere acciones urgentes para establecer sinergia de políticas sociales desde niveles municipales hasta nacionales que vayan a atención educativa, seguridad y sostenibilidad para ofrecer opciones de tener ciudades seguras que desemboca en urbes sustentables”.
Al ser entrevistado por Mi Ambiente, expresó que el problema de metrópolis inseguras e insustentables es regional no sólo de México. “Las ciudades latinoamericanas tienen estos problemas más que cualquier otra región del mundo. Por ende, los gobiernos deben evitar la segregación de barrios y contar con mayor identificación de las personas”.
Por su parte, Franz Vanderschueren, presidente del Panel de Expertos GNSC, dijo que una ciudad segura no es aquella que tenga baja tasa de inseguridad sino la que está en proceso de construcción de cohesión social para superar la desigualdad social que edifica cultura de la prevención y trata de mejorar la calidad de vida con base al desarrollo sustentable, ya que cuando se gasta un peso en cuerpos policiacos se debe gastar un peso en prevención, pero dicha disparidad está 15 a 1, en el mundo, lo cual calificó de un error.
Al ser cuestionado por este reportero, indicó que en Latinoamérica se tienen tasas de inseguridad tres veces más alto que el resto del mundo y este problema del desarrollo humano debe ser atendido con programas de inclusión social. “Todas las ciudades deben tener atención en temas sociales, ya que algunas son bombas de tiempo como Ciudad Juárez”.
Sobre este tenor, en entrevista con Mi Ambiente, Miguel Ángel Téllez Trevilla, profesor del Departamento de Arquitectura y Diseño Industrial del ITESM Campus Ciudad de México, señaló que existe un fenómeno muy marcado en las ciudades que tiene que ver con la desvalorización de las personas a partir de la pobreza económica, educativa y de desarrollo sociocultural, lo que genera situaciones de violencia, que polarizan las dinámicas sociales y destruyen el tejido social.
Por ello, es importante, señaló, que se deban integrar en la agenda de la ciudad las buenas prácticas locales e internacionales en materia de su gestión y desarrollo y los diversos esquemas de participación comunitaria como del empoderamiento ciudadano.
LATINOAMÉRICA, PLANES EN CIERNES DE INCLUSIÓN SOCIAL
En América Latina y el Caribe, 10 países tratan de aplicar el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual señala que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos.
Al respecto, Ursula Oswald Spring, profesora de la UNAM e integrante del IPCC, declaró a Mi Ambiente que sin la respuesta adecuada desde los gobiernos, los movimientos sociales se han apoderado del liderazgo en estrategias de reducción de la vulnerabilidad social ya que de alguna forma buscan asegurar su sobrevivencia.
“Debemos retomar modelos donde las políticas tienden a poner a la sociedad organizada a la par del gobierno y las empresas para asegurar el futuro del Planeta”, indicó.
Al respecto, en comunicado de prensa, la Dirección de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL estima que los gobiernos de Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay iniciaron procesos para explorar la viabilidad de contar con un instrumento abierto con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada.
Ello permitiría implementar el principio 10 en América Latina y el Caribe mediante la transparencia, justicia, acceso a la información, profundización de la cohesión social, democracia y eliminación de las asimetrías locales y globales.
PARTICIPACIÓN SOCIAL, PRIORIDAD PARA LA SUSTENTABILIDAD
En entrevista con este reportero, Alberto Labastida, director de la Fundación Pedro y Elena Hernández, A.C., indicó que es fundamental tener una sociedad organizada como eje del desarrollo social ya que la participación es una prioridad para que la gente al estar involucrada en sus problemas aportan sus experiencias en resolverlos y fomentar la convivencia con su entorno. Ejemplo de ello es el Centro de Operaciones que tienen en la Sierra de Otontepec, Veracruz, para la conservación de la biodiversidad y de proyectos productivos de los campesinos y éstos tengan proyectos de pago por servicios ambientales.
DF: LA BÚSQUEDA DE SER UNA CIUDAD SEGURA Y SOSTENIBLE
Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del DF, comentó que una ciudad segura debe pensar que el criterio de seguridad es muy amplio, no sólo con la medición del índice del delito, sino con una concepción de seguridad más compleja, teniendo entre dichos temas a reflexionar el urbanismo y desarrollo social que normalmente no participaban en este debate.
Además que pugna por crear el Fondo Mundial de las Naciones Unidas para el Programa de Seguridad de las Ciudades, para tener fondos que respalden iniciativas en diversos rubros.
A este respecto, Téllez Trevilla ahondó en que “el gran reto que tiene el sector público como eje rector de gobernanza, es disminuir los índices de marginación y niveles de hacinamiento que presenta la población. Los cuadros de deterioro de salud y enfermedades crónica-degenerativas de los grupos vulnerables, los pasivos ambientales y la disminución de los bienes y servicios ambientales de índole regional”.
Esto a través de la aplicación de políticas de gobierno claras y eficaces, desarrollar actos de autoridad en el ámbito de la transparencia y de programas gubernamentales y proyectos del sector público, en colaboración con la iniciativa privada, sociedad civil, sector académico y las distintas organizaciones no gubernamentales que existan en los centros de población.
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