El pasado 27 de mayo de 2017 se llevó a cabo la sexta sesión de acuerdos previos de la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la liberación al medio ambiente de la soya transgénica en el territorio maya de los Chenes entre chiflidos, insultos, e intimidación de aproximádamente 100 personas acarreadas de la comunidad de Iturbide y productores de soya transgénica.
Dichos chiflidos, insultos, e intimidaciones estuvieron dirigidos a los representantes de las comunidades y sus asesores. Por esta razón, desde el principio de la sesión, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) propuso suspender la sesión reconociendo que no había condiciones para garantizar la libertad del proceso de consulta.
Durante el encarecido diálogo de esta sesión CIBIOGEM, respaldada por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se quisieron retractar sobre los acuerdos con los que se había avanzado en el proceso de consulta indígena. En la quinta sesión de acuerdos del pasado 25 de marzo, las comunidades, CIBIOGEM y CDI acordaron que todas las comunidades llevarían su proceso de consulta de manera conjunta como una unidad, por medio de sus representantes. Sin embargo, este sábado pasado la representante de CIBIOGEM, Sol Ortiz dijo que ese acuerdo no era válido y cuestionó la representatividad de los representantes de las comunidades pidiendo que todos presentaran sus actas de asamblea con las que fueron nombrados. Las comunidades pidieron avanzar con el plan de trabajo y le contestaron que ese tema ya había sido tratado y ellos habían comprobado y entregado sus actas o explicado los métodos de su elección como representantes por usos y costumbres, pero ella no permitió avanzar en la negociación del plan de trabajo.
Los representantes de las comunidades externaron su preocupación de que la CIBIOGEM y CDI esté saboteando el proceso de consulta con la intención de dividir a las comunidades. Durante la sesión, Sol Ortíz interrumpió continuamente a los representantes de las comunidades, y abusó de su tiempo para hablar. Además, durante la redacción del acta y frente a varias personas, Sol Ortiz amenazó a una de las asesoras legales de las comunidades. Sol Ortiz también trató de confundir a los asistentes diciendo que sólo había 15 comunidades presentes de las 34 que vienen al proceso de forma conjunta, aún cuando eran 29 comunidades presentes, suficientes para lograr acuerdos y avanzar en la consulta. Así mismo, los asesores de las comunidades y observadores expresaron que el cuestionamiento de la representatividad en esta etapa del proceso violenta el principio de buena fe que debe guiar todos los procesos de consulta indígena.
Antes de entrar a la sesión, Pedro Armentia de la CDI y Sol Ortiz de la CIBIOGEM sostuvieron un dialogo con el grupo de acarreados por productores de soya transgénica del estado. La funcionaria federal se comprometió a llevar las inquietudes de los soyeros a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún cuando en la pasada reunión del 13 de mayo de 2017, la CIBIOGEM dijo que esa no era su facultad cuando las 34 comunidades le pidieron que le solicitara al juez de distrito encargado de la ejecución de la sentencia de la SCJN que le requiriera a SENASICA y SAGARPA, los encargados de emitir los permisos de liberación de soya transgénica en el país, que se sentaran a llegar a acuerdos en la consulta indígena, dejando entrever el interés de favorecer a este grupo.
Avanzada la sesión y entre los reclamos de que se levantara la reunión por falta de condiciones, Sol Ortiz se interrumpió para darle la palabra al supuesto representante de Chenco, una de las 34 comunidades en el proceso, mientras que el grupo de acarreados guardó silencio absoluto. Al tomar la palabra un señor que dijo llamarse José Fernando Chan Canché, y quien no había acudido a ninguna sesión anterior, dijo separarse del resto de las comunidades argumentando las bondades de sembrar transgénicos en la región. Por esta razón y otras situaciones alarmantes, las comunidades consideraron que la sesión fue un montaje concertado para promover la división de las comunidades mayas de los Chenes y defender la siembra de transgénicos. José Gaspar, un representante de las comunidades externó que el comportamiento de las autoridades comprobaba que el gobierno no venía con el interés de los pueblos en el corazón sino que buscaba proteger los intereses de otros y su dinero.
Al observar la falta de condiciones de la sesión, Leydy Pech Martín una de las líderes de las comunidades, le solicitó a CIBIOGEM y CDI que hicieran un esfuerzo por respetarlos y tratarlos como es debido, utilizando un diálogo intercultural, sin embargo sus solicitudes no fueron atendidas por las autoridades. «Sin un diálogo intercultural, buena fe, y libertad esta consulta se desmorona bajo la responsabilidad de las autoridades y sin que las comunidades puedan hacer algo al respecto,» dijo Jorge Fernández, asesor legal de las comunidades.
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