El movimiento ciudadano Agua Para Tod@s, ante la irresponsabilidad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), al otorgar diversos Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos a enormes proyectos inmobiliarios, aun cuando los vecinos no cuentan con un suministro continuo de agua y se ha negado de forma sistemática el acceso a estos dictámenes de factibilidad con lo que es imposible conocer si se han otorgado con estudios suficientes que garanticen el agua para las generaciones presentes y futuras.
Además, derivado de la mala gestión, existen enormes y crecientes zonas que solo reciben el agua ocasionalmente, mientras que el agua recibida de los trasvases se concentra en pocas zonas del poniente. La falta de transparencia del Gobierno de la Ciudad y del Sistema ha causado que hasta el momento se desconozcan los detalles de los acuerdos del gobierno con el Banco Mundial y la empresa transnacional Veolia. La perforación de nuevos pozos en zonas del sur de la Ciudad y la sobre extracción del agua en los mismos ha provocado hundimientos y grietas que han destruido casas e inmuebles.
También se denunció que se han gastado 35 mil millones de pesos en el Emisor Oriente, obra iniciada por Sacmex en 2006 bajo secrecía fiduciaria (Fideicomiso 1928), sin revisión legislativa y sin licitación, además de que se ha otorgado al Grupo Carso la posibilidad de tratar las aguas residuales de la Ciudad de México hasta por 25 años con una garantía de 8% utilidades, sin revisión pública.
Frente a esa situación, Agua Para Tod@s logró incluir en la Constitución de la Ciudad de México una Contraloría Ciudadana, cuyas funciones serían discutidas en la Ley Secundaria, pero que de inicio se concibe como un organismo ciudadano, que serviría como un contrapeso para corregir las dinámicas cuestionables de manejo financiero, diseño ingenieril, distribución y uso político del agua y saneamiento.
Así, la iniciativa de Ley de Aguas que se propone para la Ciudad de México, buscaría:
La Desprivatización y democratización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, según planes consensados.
La obligación de obtener un Dictamen de Impacto Sociohídrico(que sustituya a los dictámenes de factibilidad hidráulica actuales): Este dictamen, emitido por un panel de especialistas sin conflicto de interés, tendría que constatar que un acto de autoridad no pondría en riesgo el derecho humano al agua, y que dicho acto cuenta con el consentimiento libre e informado de la población potencialmente afectado.
Definir las bases de la Contraloría Social del Agua: Esta instancia ciudadana, autónoma y auto-organizada fiscalizaría a l@s funcionari@s de CdMx para asegurar que cumplan con la normatividad vigente.
Reconocimiento de sistemas comunitarios y derechos de pueblos indígenas: Se tendrá que respetar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación sobre las aguas en sus territorios, como mandata el Artículo 2 Constitucional y el Convenio 169 de la OIT. Los sistemas comunitarios que han surgido a través de la autogestión serán reconocidos como actores estratégicos en el cumplimiento del derecho al agua.
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