Para Eric Coufal, representante de la firma de abogados Coufal, indicó que en Bahía de Banderas, Nayarit, se está aplicando la “Ley de la jungla”, por parte de las autoridades ambientales a nivel federal (Semarnat y Profepa), al no impedir la edificación de dos torres departamentales.
Para el abogado, estas dos construcciones violan las normas que aplican en dicha zona, que permite viviendas horizontales, más no verticales. Especificó que existe una marcada serie de irregularidades que permitieron la construcción del fraccionamiento Aura Arena Blanca, en la comunidad de Cruz de Huanacaxtle.
Denunció que el delegado estatal de la Profepa, Armando Cepeda Carrillo, al presentarle una denuncia de hechos, la descalificó, al indicar que es pleito entre particulares, donde la autoridad federal y ambiental no tienen porqué intervenir en la misma.
Abundó que la complicidad de la Semarnat es porque el permiso de impacto ambiental, otorgado por Cepeda Carrillo, permitió que se iniciara la construcción de los edificios, a pesar de las afectaciones a los vecinos y al entorno.
“Ante ese andamiaje de falsedad, de impunidad y de falta de eficacia de oficio, tanto del procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, como Rafael Elvira Quesada, titular de la Semarnat, se vive un caso más de monstruosidad en el tema de la falta de cumplimiento con la ley.
“La criminalidad ambiental impunemente se tutela desde las más altas esferas del gobierno federal, es decir la Profepa y Semarnat, a las que corresponde la protección al Medio Ambiente”, denunció Coufal.
Entre los afectados por este complejo urbano, dijo, está su representado Jon Shirley, ex presidente mundial de Microsoft, quien compró la residencia que colinda con el fraccionamiento y que resultó afectada con las obras, dejándola inhabitable. La querella judicial interpuesta por Shirley dejó al descubierto la red de complicidades que permitió a los desarrolladores llevar a cabo su proyecto.
“Apenas en 2007 adquiere la casa. La ocupa en 2008 y a estas alturas tenemos dictámenes periciales, técnicos de ingeniería, de que la casa está en riesgo de colapsarse por la erosión que provocaron a todo el suelo colindante, retirando más de 24 mil toneladas de material geológico, explicó Coufal.
Además, que tras la presentación de las averiguaciones previas TEP/V/EXP/4515/09 y BUC/II/EXP/052/08, se aplicó una clausura de esta construcción, pero dijo que en un mar de contubernios y corrupción de parte del procurador estatal, de forma inmediata se tiraron los sellos de clausurado y se continua con la construcción de dichos inmuebles.
Expuso que son cientos de millones de dólares en lo que estará valuado este proyecto de departamentos residenciales y que se le hace increíble que gente como el procurador estatal y el gobernador Ney González permitan dichas acciones fuera de la ley.
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