La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) consideró ser la única organización en el país con capacidades y experiencia para solventar la eminente demanda de servicios en seguridad que requiere el Sector Energético y otros sectores que están en constante desarrollo.
La AMESP cuenta en sus filas con empresas bien acreditadas, personal capacitado y con solvencia suficiente para realizar tareas de vigilancia y protección en instalaciones que pueden considerarse estratégicas en el país.
José Luis Calderón González, Director Comercial de EXIMCO, consejero asociado de la AMESP, experto en el tema, informó que hasta ahora las autoridades habían relegado el tema de protección de instalaciones estratégicas dándole mayor peso a la atención de tareas de seguridad pública, sin embargo, la creación de nuevas infraestructuras y la aparición de más actores en la administración y operación de servicios, aunado al abandono que se le había dado por años al tema, coloca hoy a los responsables por parte del Estado ante un desafío mayúsculo.
Destacó que efectivamente el gobierno de la República cuenta con una agencia elite llamada Servicio de Protección Federal que forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) bajo el mando de la Secretaria de Gobernación (SEGOB); y que tiene facultades y talento para brindar correctamente la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de las dependencias y entidades del Gobierno Federal e instituciones publicas que así lo soliciten.
Sin embargo, aclaró que este Organismo Desconcentrado de la CNS no ha crecido en sus capacidades y mantiene un estado de fuerza modesto que ronda por los 4 mil elementos que no son suficientes para proteger los aproximadamente 17 mil edificios del Gobierno Federal, las más de 3 mil instalaciones catalogadas estratégicas y menos para cuidar las innumerables nuevas instalaciones del sector energético que aún no están catalogadas.
Y es que como señala el propio comisionado del Servicio de Protección Federal, Alfonso Ramón Bagur, su función no es vigilar, sino apoyar en la protección y hacer recomendaciones a las instituciones gubernamentales sobre su seguridad. “No requerimos, dijo, más elementos, sino promover las buenas prácticas de seguridad. Necesitamos promover la profesionalización del sector para que con ello, de manera automática, se aumente la eficiencia en la seguridad de las instalaciones”.
Al respecto, José Luis Calderón González, destacó que en ese sentido se debe establecer el equilibrio entre el sector gobierno y la seguridad privada; por ello celebró las acciones que el Servicio de Protección Federal lleva en materia de vinculación, profesionalización, homologación de criterios y colaboración con el Sector Privado.
El experto en seguridad aclaró que la protección de infraestructuras debe ser visto desde una visión holística para establecer una estrategia que incluya recursos humanos, tecnológicos y procedimientos que protejan a las organizaciones y sus activos en el plano físico y cibernético; agregó, que al gobierno le toca la tarea de definir y materializar una estrategia nacional clara para la protección de infraestructuras críticas tanto públicas como privadas que hoy no existe.
“Es importante generar una comunidad dedicada a la protección de infraestructuras críticas donde concurran distintos perfiles y liderazgos e ir permeando una cultura que vaya sensibilizando y permitiendo el desarrollo de nuevos cuadros. El establecimiento de una estrategia de seguridad en las condiciones que hoy vive el país y el mundo, no es tarea sencilla”.
Las infraestructuras críticas, su seguridad y la continuidad de sus operaciones, tiene que ver, explicó, con redes de abastecimientos y servicios que permiten el desarrollo de las tareas básicas de cualquier ciudadano como tener agua, gas, internet y luz en casa; hasta operaciones más complejas como la distribución de energía eléctrica a nivel nacional, el abastecimiento de combustible, servicios de emergencia o la conectividad de las redes celulares o de comunicación de las agencias de seguridad y la ciudadanía en general.
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