El anuncio realizado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto de devolver los tiempos oficiales a los concesionarios de radio y televisión es “absolutamente confuso e incorrecto”, porque no dejó claro si se trata de los fiscales o los oficiales en general, explicó la maestra Beatriz Solís Leree, investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México (CDMX).
La defensora de las audiencias del Canal 14 explicó que los tiempos oficiales incorporan, tanto los legales –30 minutos diarios, de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyT)– como los fiscales –18 minutos en televisión y 35 en radio– establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se traducen en el pago de un gravamen, por lo que cabe preguntar a cuáles se refirió el titular del Poder Ejecutivo, ya que en ambos casos “tendría que modificarse alguna de las legislaciones”.
Los tiempos oficiales incluyen a ambos, por un lado, los 30 minutos que quedaron establecidos en la nueva LFRyT de 2014 y que los concesionarios deben poner a disposición del Estado, pero cuya modificación implicaría también un cambio en la normatividad.
Los tiempos fiscales, establecidos en la Ley Hacendaria, representan el pago de un impuesto en especie por parte de las empresas concesionarias –las cuales reciben beneficios a partir de la operación de un bien de la nación, como es el espectro radioeléctrico– que durante muchos años fue de 12.5 por ciento, pero que la administración de Vicente Fox redujo –mediante decreto, a 18 minutos en televisión y a 30 minutos en radio– “ya no como porcentaje, sino en cantidades fijas”.
En la parte fiscal los concesionarios pagan en especie al Estado –que involucra a los tres poderes, los órganos autónomos y los gobiernos de las entidades, entre otros– para satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos sobre las acciones oficiales, es decir, esos espacios “no son propiedad del Ejecutivo, que sólo los administra”.
La también integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias puntualizó que la expresión del presidente de que “devuelve a los concesionarios el tiempo oficial, no es correcta” porque esto significaría que en algún momento lo tuvo, pues “el tiempo del Estado nunca se han encontrado en sus manos”, no era de él.
El dicho de que el Estado no necesita propaganda “es otro error grave”, porque los espacios oficiales no son para hacerse propaganda, sino para ofrecer información de interés general, por lo que “esto me hace suponer que el mandatario no está bien notificado de lo que representan”.
Otra falla radica en haber señalado que regresa “los tiempos oficiales para que los puedan comercializar”, porque de cualquier modo no pueden hacerlo, ya que la Ley Federal de Telecomunicaciones dice, en el artículo 257 sobre los espacios máximos de publicidad, que los mismos no consideran los del Estado, por lo tanto, “por más que se los quiera regresar no podrán comercializarlos, porque la normatividad se los prohíbe” y en todo caso también tendría que modificarse.
La maestra Solís Leree advirtió que López Obrador ha dicho muchas veces que no se van a condonar impuestos, pero –a reserva de lo que se establezca en el decreto que pronto dará a conocer– estaría perdonándoselos a los concesionarios, por lo que se esperaría que empresarios de otros ramos le cuestionaran, por qué a unos sí y a otros no se les brinda ese beneficio.
Los miembros de la Asociación del Derecho a la Información, la sociedad civil organizada y los académicos “vamos a revisar la disposición con lupa”, con el fin de difundir esta confusión a que ha dado lugar y, en todo caso, generar una serie de amparos, “lo que implicará un trabajo fenomenal en estos momentos de crisis, pero tendremos que denunciar”.
López Obrador se equivocó y “en este momento más que nunca”, pero además con esta noticia ignora y da la espalda a los reclamos sociales de quienes han dado una larga lucha por el derecho a la información y la democracia en los medios.
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